El nuevo presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha querido que una de las primeras decisiones de su Gobierno sea para apostar por una normal convivencia de la educación pública y la concertada, además de la privada. Para ello ha consolidado la partida presupuestaria de la concertada hasta 2025. La coexistencia de modelos ha demostrado su eficacia social desde hace décadas, pues la concertada es un modelo de colaboración público-privada desarrollado por los gobiernos de Felipe González y que hoy representa un pilar fundamental para mantener nuestro sistema educativo, que el Estado por sí solo no tiene capacidad de organizar. Además, es la herramienta que permite garantizar la libertad, recogida en la Constitución, para que los padres puedan escoger la enseñanza que quieren para sus hijos.

Poner orden en el presupuesto, evitando arreglos de última hora para cuadrar las cuentas anuales, es imprescindible para lograr una eficiente gestión pública. Más aún cuando se trata de los números de los pilares del Estado del bienestar, como la educación o la sanidad. En este sentido, hacen bien los nuevos responsables de la DGA en dar estabilidad y certidumbre a los presupuestos de los centros públicos y de los concertados. Esta voluntad de consolidar a ambos modelos financiados con fondos públicos obliga a la Administración a ejecutar el imprescindible control, precisamente porque se trata de dinero público. Corresponde a las autoridades autonómicas vigilar que en los centros de la Comunidad se practica una política homogénea de integración y que en ninguno se desarrollan practicas que impidan un acceso normalizado al centro por parte de cualquier familia. Aragón, como el resto de España, puede enorgullecerse de gozar de una educación universal y con plena libertad de elección.