Organizado conjuntamente por el Ararteko (defensor del pueblo de Euskadi) y el Parlamento del País Vasco, se ha celebrado los pasados lunes y martes un seminario en Vitoria, al que hemos acudido todas las defensorías españolas, tanto la estatal como las autonómicas, junto a las instituciones ‘ombuds’ (denominación utilizada en Europa para nuestras homólogas) de Países Bajos, Estonia, Irlanda y Francia, contando con representación del Consejo de Europa, y un nutrido número de académicos, para poner en común nuestras distintas experiencias, con el fin de llevar adelante la pretendida reforma de la ley de la defensoría vasca, que como nuestra ley del Justicia data de 1985.

Casi cuarenta años de nuestras leyes reguladoras son muchos años, en los que la sociedad y las propias instituciones han cambiado de forma evidente, como han cambiado sus necesidades y en particular con un gran vuelco respecto a la forma en la que los ciudadanos se relacionan con los poderes públicos y lo que de ellos demandan, siendo necesario acometer en los próximos años una renovación de nuestras normas reguladoras, siguiendo la estela de las ya realizadas reformas en las leyes catalana o valenciana, esta última con una gran y moderna reforma en 2021, y en ambos casos con un amplio consenso, característica que sin duda debe primar en las leyes que nos regulan.

Junto a cuestión de índole formal, como puede ser la forma de elección de los titulares de las instituciones, la protección de su independencia, la adecuada dotación de medios para realizar sus funciones o el tiempo de mandato, respecto de cuestiones sobre las que ‘Principios de Venecia’ del Consejo de Europa ya establecieron en 2019, un marco de referencia a nivel mundial con unos criterios seguidos poco a poco por las instituciones homólogas europeas e iberoamericanas, las defensorías se enfrentan a nuevos retos tanto en las materias a tratar, pues cada vez es más amplio el conjunto de derechos de nueva generación a defender, como en la forma de hacerlo. Así, novedosas materias como la inteligencia artificial, el cambio climático, la identidad y protección en el mundo virtual y respecto de los datos personales y su engarce con la protección de los derechos humanos tradicionales, o el control de los poderes ‘no Administración’ que gestionen servicios públicos o de interés general, y que inciden en el ámbito de las condiciones de vida básica de los ciudadanos (empresas de energía, sector inmobiliario, bancos, proveedores de entornos digitales, etc.), son ámbitos a tener muy en cuenta, junto a ya asumidas nuevas competencias como ocurre por ejemplo en Galicia o Castilla y León, en las que el control de la transparencia y buen gobierno del sector público está en manos de la ‘Valedora do Pobo’ o del Procurador del Común, respectivamente, los defensores del pueblo en esas comunidades.

La mediación junto a la justicia restaurativa como métodos de trabajo alejados de la tradicional labor de mero control o supervisión de las administraciones, la traslación a nuestras instituciones, y las normas que las regulan, de las experiencias francesa en materia del control de la discriminación en toda su extensión, la de Estonia en cuanto a la digitalización de todos los servicios públicos por medio de la identidad electrónica (no exenta de problemas), la irlandesa en cuanto a la implementación de una defensoría propia de los problemas de la infancia, o la neerlandesa en su proyecto de extensión territorial para la difusión de su labor y con ello capacidad de captación de problemas ciudadanos, son retos de futuro que en Aragón deberán ser sin duda una de las cuestiones que las nuevas Cortes tendrán que tener en su agenda para la legislatura que ahora comienza, y que, como hemos podido vivir estos días en el Parlamento Vasco, requerirá aquí también de una profunda, sosegada y certera reflexión sobre qué Justiciazgo queremos como poco para los próximos cuarenta años.