España va a asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea con su Gobierno ‘en funciones’ y en plena campaña electoral, y buena parte del semestre coincidirá con el proceso de investidura y quizá con un cambio de signo en el Ejecutivo. 

Esta situación supone el riesgo de que la lucha partidista, inevitable en la competencia ante las urnas, contamine una responsabilidad de Estado que es crucial para nuestro país y para el funcionamiento de la Unión. Aunque es difícil, los ciudadanos tienen derecho a pedirles a los dos principales partidos y a sus candidatos que preserven la presidencia europea frente a la lucha electoral.

La convocatoria anticipada de elecciones generales ha alterado las previsiones para el semestre de la presidencia europea que por turno debe ejercer España a partir del 1 de julio. A todos los españoles nos interesa, y así deberían asumirlo los partidos políticos, sobre todo el PSOE y el PP, que el desempeño de esta responsabilidad internacional sea un éxito, reforzando el perfil de nuestro país ante las instituciones comunitarias y su prestigio en la relación con los países miembros. Se trata, indudablemente, de un asunto de Estado, que no debería utilizarse en la lucha partidista propia de una campaña electoral. Un peligro tanto más evidente por cuanto la política española ha derivado hacia una acusada polarización, y porque el presidente del Gobierno tiende a buscar en su agenda internacional el brillo que no encuentra en los asuntos internos. Seguramente es acertado, por ello, que se hayan retrasado algunos actos previstos inicialmente para fechas que van a ser próximas a las elecciones. Pero la obligación de Sánchez y de Feijóo, como aspirantes principales a gobernar, es evitar que la pugna electoral erosione la eficacia de la presidencia española o malogre las oportunidades que para España supone la asunción de una de las principales instituciones de la UE.