¿Falsificar las elecciones?
Las sospechas (ultras) de que el Gobierno manipula el proceso electoral nacen de una información solo a medias verdadera: el Gobierno ha influido en los puestos ejecutivos de la empresa Indra, encargada del recuento final de los votos, para orientarla a su favor. Desde febrero de 2022, el peso del dinero público en esta gran compañía es alto: el 25,1 %.
Por 16 millones de euros, Indra cuenta votos, pero no en los colegios electorales. Reúne las cifras de todas las mesas del país, las trata y, finalmente, las facilita al Gobierno. Pero no es el resultado oficial, que no le compete.
Voto en blanco y voto nulo
El voto es asunto variado y complejo. Por ejemplo, muchos se preguntan a quién sirve el voto en blanco (un sobre electoral vacío). No hay una respuesta única a la pregunta. El voto en blanco indica deseo de votar y negativa a dar el voto a ninguna de las candidaturas. Puede ser por falta de criterio; o porque ninguna lo merezca bastante. Votar en blanco puede también ayudar a guardar apariencias en una localidad pequeña, donde todos se conocen, sin votar a nadie. En cambio, la abstención (no votar), si no es forzosa, puede significar un repudio general, incluso al sistema. Hay también votos en blanco porque la lista favorita incluye a un candidato detestado. Etc.
Un gran número de votos en blanco alerta sobre la desconfianza de muchos electores. Es un reproche político relevante y delata la existencia de un ‘yacimiento de electores’ con desapego. Es clásica la pregunta de si, con mayoría de votos en blanco (sin contar abstenciones ni votos nulos), la elección sería válida. En España, sí. En otros países, no. La ley española trata los votos en blanco como la neerlandesa: contribuyen a determinar si una lista ha alcanzado el porcentaje legal para participar en el reparto de escaños (en España, el 3 o el 5%). Nótese que no es indiferente: si de 100 votos 60 son en blanco, el 5% serán 5 votos. Si no cuentan los votos en blanco, el mismo porcentaje serán solo 3. En Francia, el voto en blanco cuenta en los resultados, pero no para la formación de mayorías, en las que solo se cuentan los síes y los noes. Y todo es distinto en Bélgica o en Grecia, países en los que es obligatorio votar, so pena de sanción.
El voto nulo es el emitido en un papel no oficial (lista o sobre), o alterado (con rotos, tachaduras o adiciones), o con listas distintas en el mismo sobre. No suma, vale cero y solo sirve para establecer la participación electoral.
Limpieza electoral en España
Hay quien duda de la limpieza en las elecciones españolas, y lo dice. La verdad es que resulta muy difícil falsificarlas. Mucho. La ley es minuciosa y detalla los pasos que ha de dar la papeleta hasta que se proclama oficialmente la cuenta final, al cabo de unas semanas. Esos pasos son muchas y muy controlados.
Concluida su tarea, cada mesa electoral pasa la documentación a un juez. Hay vigilancia continuada, entregas tasadas, expedientes triplicados, intervención sucesiva de juzgados y juntas electorales, de Correos, revisiones y cotejos específicos de casos protestados, dudosos o discutibles. Si no hay acuerdo, las papeletas afectadas se guardan.
Son considerados funcionarios públicos, a estos efectos, los miembros de las mesas y las juntas, que cuentan con el auxilio de la fuerza pública. Incluso un elector puede emitir reparos que la mesa habrá de anotar. Buena parte de la ley de 1985, retocada varias veces, trata de estos asuntos.
Existen los delitos electorales, pero han sido muy raros: manipular el censo, incumplir esta ley (constitución de mesas, acreditaciones), acusar falsamente de identidad fingida, obstaculizar las tareas del proceso, perjudicar a un candidato, alterar las convocatorias, manipular votos o identidades, falsificar el recuento, proclamar a quien no se debe, testificar en falso, permitir el voto repetido de un elector –que también delinque– y alguna cosa más de este tenor. Las penas son de hasta siete años de cárcel.
También incurren en conducta sancionable los militares, policías, jueces y fiscales que hagan campaña electoral; quienes compren o impongan el voto por cualquier método o desvelen el voto ajeno, que es secreto. Y, desde luego, los alborotadores. La ley dispone, incluso, cárcel agravada para quien sea condenado por calumniar en una campaña.
Las elecciones son manipulables de diversas formas (usando medios públicos o fondos turbios en la campaña, precocinando transfuguismos, etc.). Pero, una vez emitido el voto, no es fácil en España hacer trampas con él.
Entonces ¿por qué sospechar del contaje y de la actuación de Indra? Por el ansia de este Gobierno que ocupa los entes públicos, para manejarlos a través de militantes o afines: Fiscalía General, TS, TC, CIS, RTVE, CNI, CNMV, CNMC... Tal sopa de letras alimenta las suspicacias y pagan justos por pecadores. Juzgue cada cual quién es más culpable.
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