Bildu intenta blanquear sus listas
Los siete etarras con delitos de sangre incluidos en las listas de Bildu para el 28-M aseguran ahora que no tomarán posesión de sus cargos si son elegidos.
Aunque cuesta creer la palabra de unos asesinos, por mucho que hayan cumplido su condena penal, habrá que aceptar que los abertzales han reaccionado ante una justificada presión social y política. No obstante, es una rectificación cínica e incompleta: otros 37 candidatos vinculados con ETA que también figuran en las listas sí que pueden asumir sus actas si tienen apoyo en las urnas. Que terroristas, y aún más los que ni siquiera han manifestado públicamente su arrepentimiento, puedan ocupar cargos públicos bajo el amparo que les confiere ser socios del Gobierno es toda una amenaza a la democracia. Bildu no ha sido ni es un socio digno para un partido constitucionalista como es el PSOE.
Más allá de su legalidad, reconocida por la Junta Electoral, las listas de Bildu plantean un problema en el terreno ético y político que se ha hecho palpable en un bronco cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control en el Senado. El líder del PP ha exigido al presidente del Gobierno que "garantice que sus pactos con Bildu se acabaron para siempre" y ha apostillado: "O rompe con Bildu o rompe con la decencia". Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo, que ha eludido responder al requerimiento, ha acusado al líder de la oposición de cometer una "infamia" al usar a las víctimas "por intereses electoralistas" y ha comparado su actitud con la mantenida por el PP tras los atentados del 11-M en 2004. Los partidos constitucionalistas, que se unieron para luchar contra el terrorismo, no pueden caer ahora en disputas a costa de las maniobras de los herederos políticos de ETA, que aspiran a gobernar en el País Vasco y a ser determinantes ante la debilidad parlamentaria del Gobierno central.
