Cuando van a cumplirse, el próximo miércoles, cinco años de la desaparición de ETA, conviene recordar que fue el esfuerzo denodado de la democracia española, con la Guardia Civil y la Policía Nacional en primera línea, el que consiguió asfixiar a la banda terrorista hasta obligarla a disolverse. 

Pero el terrorismo ha dejado muchas secuelas y muchos flecos pendientes. Entre ellos, cientos de crímenes sin resolver que deben aclararse y juzgarse. Al mismo tiempo, hay que evitar que los herederos políticos de ETA, que están consiguiendo como aliados del Gobierno una inmerecida normalización, manipulen el pasado y blanqueen la cruenta historia de la organización

Entre los crímenes todavía no juzgados, toca muy de cerca a la sociedad aragonesa el asesinato del que fuera presidente regional del Partido Popular Manuel Giménez Abad, cometido muy pronto hará veintidós años, y cuya autoría ha conseguido esclarecer al fin la investigación policial. Gracias a ello está ya fijada, aunque provisionalmente, la fecha de comienzo de la vista, el 3 de julio, en la que serán juzgados Mikel Carrera Sarobe y Miren Itxaso Zaldua Iriberri. Pero otros muchos asesinatos siguen sin resolver y el Estado de derecho no debe cruzarse de brazos, las indagaciones para identificar y procesar a sus autores no pueden detenerse por el hecho de que la banda terrorista haya dejado de existir. Al mismo tiempo, un lustro después del final de ETA, resulta preocupante que un partido como Bildu, que engloba a los herederos del entorno de la organización terrorista, que prestaba apoyo y aliento a su infame actividad, haya sido normalizado como aliado parlamentario del PSOE y del Gobierno de la nación. La democracia española derrotó a ETA, y las fuerzas políticas constitucionales debieran trabajar juntas para defender la dignidad de las víctimas y para impedir que se difunda en la sociedad vasca una versión manipulada y blanqueada de los 59 años de criminal historia de la banda.