Se va a cumplir un año desde que el presidente Sánchez diese un giro a la tradicional postura que los diferentes gobiernos de la democracia habían mantenido sobre el conflicto del Sáhara Occidental. 

En este giro, Sánchez apostaba por la autonomía para el Sáhara Occidental en Marruecos. Esto, obviamente, sin contar con la población concerniente, es decir, sin tener en cuenta a la población saharaui.

Esta decisión del Gobierno de Sánchez es similar a la del último Gobierno de la dictadura, cuando éste entregó una semana antes de la muerte de Franco el Sáhara a Marruecos y a Mauritania en los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid. Ambas decisiones afortunadamente no cambian la naturaleza jurídica del conflicto, y cabe recordar que España sigue siendo ‘de iure’ la potencia administradora del territorio.

Lo que nadie se esperaba es que, en democracia, nos enteráramos de la decisión del presidente no por él ni por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino a través de un comunicado de la casa real marroquí. Es decir, nos enteramos cuando y como quiso Marruecos.

Lo que nadie se esperaba es que, en democracia, el presidente tomara semejante decisión sin consultar con su socio de gobierno y sin haber discutido el expediente en el Consejo de Ministros. Y lo que es más grave, el presidente del Gobierno viajó en abril del año pasado a Rabat sin el apoyo ni del Congreso ni del Senado, que votaron sendas resoluciones en contra del cambio de postura.

A partir de ese cambio, el PSOE comenzó una campaña feroz contra el pueblo saharaui, votando incluso en el Congreso en contra de una enmienda para ayudar a los campamentos de población refugiada saharaui. Muchos dirigentes del PSOE, como Zapatero, Moratinos o Trujillo, han visitado el Sáhara Occidental y Marruecos en un ejercicio de blanqueo de la ocupación. En este devenir de dirigentes socialistas, la exministra del PSOE María Antonia Trujillo, declarada promarroquí, llegó a afirmar en varias ocasiones que Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España. Y el eurodiputado y exministro Aguilar, días antes de la reunión de alto nivel celebrada en Rabat, declaraba que con Marruecos "si hay que tragar sapos, se tragan".

La feroz campaña del PSOE contra el pueblo saharaui también llegó al Parlamento Europeo. En enero se votaba una resolución a través de la cual se "instaba a Marruecos a respetar los derechos humanos". El PSOE votó en contra, fue el único partido socialdemócrata que votó en ese sentido.

Mientras tanto, lo que sí ha conseguido el presidente Sánchez es que, con esta política de ‘buena vecindad’ respecto a Marruecos, España se enfrente con Argelia, un actor relevante y que, con la crisis de Ucrania, se ha convertido en una alternativa a la compra de gas ruso. Seguro que Italia, Francia y Portugal le agradecen les haya allanado el camino con Argelia.

Ha conseguido que empresas españolas en Argelia preparen una reclamación patrimonial contra el Estado por los daños originados por el giro con respecto al Sáhara Occidental. En este contexto, empresarios españoles lamentaban la ‘decepción’ cuando, tras la reunión con un representante del Ministerio de Industria español, le admitieron "no haber previsto las consecuencias" del cambio de posición del Gobierno en el Sáhara, a la vez que descartaba retractarse porque ello "supondría otro problema con Marruecos".

Y claro, en este nuevo marco de la política de ‘buena vecindad’ con Marruecos están incluidas Ceuta y Melilla, por que si no es así ¿cómo es posible que alguien que viera las imágenes de la masacre de Melilla pueda comprender las declaraciones del presidente del Gobierno diciendo que el trabajo de la gendarmería marroquí estaba "bien resuelto" ante esta inhumana masacre de migrantes?

A la vista de este cambio de postura, de su política de sumisión y del blanqueo de la ocupación del Sáhara Occidental cabría preguntarse: ¿Qué le deben a Marruecos, el presidente Sánchez y el PSOE?