Los agricultores aragoneses ven con preocupación la subida del salario mínimo interprofesional, que, según anunció ayer el presidente Sánchez, se aprobará el martes en el Consejo de Ministros. 

Pero no porque no consideren necesario y justo elevar la remuneración de los trabajadores más modestos, como los temporeros agrícolas, sino porque viene a sumarse a los desmedidos aumentos de costes de producción que el campo está teniendo que soportar

El presidente del Gobierno envolvió en un discurso populista y de confrontación con el empresariado el anuncio de que la subida del salario mínimo interprofesional será aprobada el martes. No es desde luego razonable, sino perjudicial y distorsionador de la realidad, que desde el Ejecutivo se arremeta contra un sector de la sociedad que contribuye y es fundamental para la creación de riqueza; y con el que además el propio Gobierno tiene necesariamente que dialogar y llegar a acuerdos en muchas cuestiones. Y en todo caso, aunque establecer el salario mínimo en un nivel adecuado sea una medida social acertada, el presidente no debería desconocer ni subestimar los efectos que el rápido incremento del mismo en los últimos años pueden tener en muchas empresas, sobre todo en las pequeñas. Y de manera especial en las explotaciones agrarias, que con la subida de los precios de los fertilizantes y de la energía ya soportan un peso desproporcionado en sus costes de producción, que no están pudiendo trasladar a los precios de venta. En la subida del SMI el Gobierno no ha tenido en cuenta a las organizaciones agrarias ni las dificultades que atraviesa el sector primario. La evolución del mercado de trabajo no es tan sólida como la dibuja Sánchez, con cierto triunfalismo; y en el campo en concreto las acciones y las omisiones del Gobierno pueden acabar teniendo efectos contraproducentes, reduciendo la demanda de mano de obra o provocando la desaparición de explotaciones.