Seguramente el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de las capitales aragonesas harán un esfuerzo para que los ciudadanos de la Comunidad sigan disfrutando de descuentos en el transporte público.

 Pero ello no excusa los condicionantes impuestos por el Gobierno central a la renovación de esta medida anticrisis. Ni la discriminación que el diseño de estas ayudas supone desde un principio para regiones con las características poblacionales de Aragón.

En un contexto de crisis energética, elevada inflación y lucha contra el cambio climático, la idea de facilitar e incentivar el uso del transporte público subvencionando los abonos para trenes, metros, autobuses y tranvías resulta razonable. Se busca con ello conseguir una mayor eficiencia energética, reducir la contaminación y compensar a las personas y familias con ingresos medios y bajos, usuarios más habituales de estos medios de locomoción. Pero desde el primer momento en que, a lo largo de este año, se aplicó esta medida, se hizo de manera discriminatoria, favoreciendo con mayores descuentos -o con la gratuidad total- al transporte público de las grandes áreas metropolitanos, por encima del de las ciudades medias y, sobre todo, del que presta servicio al medio rural. Ahora el Gobierno central exige además, para mantener su subvención, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos aporten un porcentaje adicional. Y esto, a pocos días de comenzar el año, con los correspondientes presupuestos prácticamente cerrados. Y sin tener en cuenta que ayuntamientos como el de Zaragoza ya subvencionan de manera habitual su red de movilidad de manera indirecta. Es lógico que el Gobierno aragonés y los ayuntamientos tomen las medidas necesarias para mantener estas ayudas en beneficio del ciudadano. Pero el Gobierno debería revisar unos criterios que no son justos y que perjudican, precisamente, a las regiones con problemas de despoblación.