Un grave deterioro institucional
En un ambiente muy tenso, cargado de descalificaciones mutuas de grueso calibre, y con la posibilidad pendiente de una suspensión del proceso legislativo por el Tribunal Constitucional, el Congreso aprobó ayer un conjunto de medidas, impulsadas por el Gobierno y sus aliados, que suponen un grave e inaceptable deterioro del Estado de derecho y un desarme del sistema democrático frente a sus enemigos.
Mediante una tramitación expeditiva, que elude tanto el debate transparente como importantes controles de legalidad, el PSOE, Unidas Podemos y los separatistas sacaron adelante en el Congreso un conjunto de dañinas reformas de aspectos muy delicados del entramado jurídico del Estado. Reformas que ni miran al bien común ni, con seguridad, conectan, sino al contrario, con la sensibilidad de la mayoría de los españoles. Y cuyo único objeto es, por un lado, dar satisfacción a las mismas fuerzas políticas que en 2017 perpetraron la felonía de intentar fracturar la unidad de España; y por otro, asegurarse una composición del Tribunal Constitucional más afín al Gobierno. Por añadidura, esta desviada e injustificable estrategia ha dado lugar a un nuevo choque, sin precedentes, entre los poderes del Estado, con la posibilidad inusitada de que el Tribunal Constitucional intervenga en el proceso legislativo, ocasionando un roce institucional que suscita dudas en numerosos juristas.
Las reformas de la sedición y la malversación en el Código Penal resultan bochornosas. Además de haber sido ideadas a medida para favorecer a los condenados por el ‘procés’, suponen desarmar temerariamente al Estado privándolo de instrumentos para hacer frente tanto a la corrupción como a quienes amenazan el orden constitucional. Por otra parte, la vergonzosa pugna entre la izquierda y la derecha por controlar los órganos clave del poder judicial viene de lejos. Y ha conducido a un ominoso bloqueo de cuatro años en el que también al PP le cabe una importante cuota de responsabilidad. Pero con la inclusión en la misma proposición de ley de medidas para propiciar que el Gobierno nombre magistrados de su gusto en el Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez, como presidente del Ejecutivo, ha dado una vuelta de tuerca muy peligrosa, elevando la tensión política y agravando el deterioro de las instituciones básicas del Estado de derecho.
Se ha provocado así una gravísima situación, en medio de un descarnado enfrentamiento partidista, que compone uno de los peores y más inquietantes escenarios para la democracia española en los últimos años. Llamar una vez más a la responsabilidad de los principales partidos, el PSOE y el PP, es obligado pero seguramente inútil. Pero al menos todos deberían evitar que la erosión del sistema democrático se acentúe y que las tensiones se desborden.
