El caso del diputado provincial de Ciudadanos en Huesca, expulsado de su partido por gastos no justificados, despierta una vez más el hartazgo social ante comportamientos tan poco ejemplares. 

Ciudadanos ha decidido pedirle la devolución del acta de diputado, aunque el afectado ya anunció que no piensa renunciar.

La Diputación de Huesca, por su parte, disolverá el grupo y le retirará el sueldo y la asignación. Por cierto, no deja de ser ridículo llamar ‘grupo’ a un solo diputado. Este ‘grupo’ de un solo miembro acumulaba el sueldo del diputado, con dedicación exclusiva, de 42.000 euros anuales, además de la asignación al ‘grupo’, de 91.500 euros. El diputado ya despidió a las dos empleadas del grupo, que le habían denunciado ante el partido. Lo que no perderá son las dietas por asistencia a comisiones y plenos.

El comienzo del asunto fue que no devolvió 24.700 euros por gastos de 2021 que fue incapaz de justificar. Es de esperar que todo esto se solucione, con las sanciones correspondientes y con la recuperación del dinero, en la medida de lo posible. Cabría preguntarse cómo se llegó a esta situación. ¿Es que nadie controla a un señor que tiene dedicación exclusiva y que según la información publicada en Heraldo no asistía más que a los plenos mensuales?

Pero, más allá de actuaciones indebidas, no deja de llamar la atención lo caro que resulta el gasto en políticos en estas instituciones. Multipliquen las cantidades que percibe este diputado y este ‘grupo’ por el resto de los componentes de la corporación y grupos, con o sin dedicación exclusiva, y obtendrán un montante con unas cifras de susto. Y lo que se dice de esta diputación se puede decir de las otras y de ayuntamientos.

La realidad es que los gobernantes dan muy poco ejemplo de austeridad a unos ciudadanos que han sabido apretarse el cinturón desde los años de la crisis. No olvidemos al actual Gobierno de Pedro Sánchez, con cuatro vicepresidencias -donde antes había una- y con más ministros y más cargos que nunca. En España, en 2022 se destinarán 625 millones de euros a pagar los sueldos de los 1.817 parlamentarios que componen el Congreso, el Senado y las 17 cámaras autonómicas.

El gasto público que generan en España los cargos políticos es insostenible. Además, la ciudadanía no tiene la sensación de que a más políticos a sueldo las cosas funcionen mejor.