Estado de confusión

Gestionar una pandemia como la provocada por la covid-19 es una tarea muy compleja para cualquier gobierno. 

Y una dura prueba de fuerza para la sociedad. Desde esta premisa, no se puede enjuiciar ni la acción política ni el comportamiento social con parámetros ordinarios. Pero ello no debe ser obstáculo para realizar un diagnóstico crítico del presente de la gestión de la pandemia en España. Si se hace, se constata que se ha declarado un ‘estado de confusión generalizada’. Los ciudadanos viven el presente entre el desconcierto, la perplejidad y un creciente enfado hacia los poderes públicos.

Distintas son las circunstancias que provocan esta situación. Si en la primera etapa de la pandemia el Gobierno optó por asumir el mando de la crisis de forma unilateral, transcurrida la fase inicial, se dio paso a un segundo modelo: la llamada ‘cogobernanza’. La esencia de este modelo es que la gestión pasaba a recaer en los presidentes de las comunidades autónomas. Así se gobernó el segundo estado de alarma. El resultado fue una gestión heterogénea hasta el extremo, abundando incluso los pronunciamientos judiciales contradictorios. Una situación que generó incertidumbre entre los ciudadanos. A pesar de todo, el Gobierno no consideró necesario aprobar una ley que estableciese unos mínimos criterios comunes y diese a los jueces un marco de certidumbre. Un estado de cosas que fue contrarrestado por el éxito de la vacunación. La consiguiente bajada de la incidencia de la enfermedad hizo pensar que lo peor había pasado, incluso que, por fin, se había vencido a la enfermedad.

No era así. En unas pocas semanas, el virus se ha multiplicado. El hecho de que las consecuencias sobre la salud sean más leves que en anteriores ocasiones alivia (no elimina) las preocupaciones más extremas. Pero la extraordinaria incidencia de la enfermedad trae consigo consecuencias sociales de gran relevancia. La percepción generalizada es que la nueva ola de la epidemia ha desbordado la capacidad de gestión de administraciones y gobiernos. Razones objetivas sustentan esta sensación. El Gobierno se ha retirado de la gestión de la pandemia y cuando regresa es para anunciar la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior (medida que es claramente insuficiente como respuesta ante la dimensión de la crisis); por otro lado, se reitera la diversidad extrema en la respuesta de autonomías y tribunales; por último, sin ánimo de exhaustividad, la atención primaria se encuentra desbordada, trasladando sensación de caos en el control de la enfermedad. La situación es tan extrema que se puede dar por declarada la autogestión individual de la enfermedad y sus riesgos. La responsabilidad individual es la regla básica en la que debemos confiar. A todo ello, ha de sumarse el extraordinario cansancio de una sociedad a la que han anunciado demasiadas veces la victoria sobre la enfermedad.

Hoy, se extiende en España, como un peligroso rumor, la sensación de que no existen los medios necesarios para responder a una crisis como la actual. El Gobierno no podría actuar porque el Tribunal Constitucional se lo ha impedido y las competencias las tienen las comunidades; estas no podrían adoptar muchas medidas porque no tienen cobertura jurídica para ello; los tribunales actuarían sin criterio fijo, produciendo confusión y desconcierto; el sistema sanitario habría llegado al limite de sus posibilidades. Es una sensación muy peligrosa. La confusión y el desánimo pueden ser preludio de reacciones más críticas. Como se dijo, la situación es particularmente compleja. Pero en ningún caso se carece de instrumentos para hacerle frente y el reciente acuerdo entre comunidades del norte de España bien lo demuestra. Tampoco nada impide aprobar una ley que refuerce significativamente la seguridad jurídica. Hoy más que nunca es preciso que los distintos actores políticos ejerzan su responsabilidad y faciliten una respuesta clara, coordinada y, en la medida de lo posible, eficaz. Los ciudadanos necesitan referentes claros. Tienen que saber quién dirige y las razones por las que se adoptan las correspondientes decisiones.

Gobierno y oposición no pueden permanecer en sus actuales posiciones. El Gobierno no puede continuar ajeno al devenir de la enfermedad. Le corresponde la primera responsabilidad, la iniciativa y la dirección, liderazgo y determinación. A la oposición, facilitar los necesarios acuerdos. A los dos, transmitir a la opinión pública que sí, que en verdad, el interés general es lo primero.