Lealtad constitucional
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reclamado a los partidos la recuperación de «la lealtad constitucional», tanto en su comportamiento cotidiano como en la renovación de los grandes pactos de Estado, durante su discurso de celebración del 43° aniversario de la Carta Magna. Tiene mucho sentido esta apelación por parte de la tercera autoridad del Estado a los políticos, en medio de un clima de polarización, para que su compromiso con el sistema democrático vaya más allá del estricto cumplimiento de la norma. La lealtad constitucional implica trascender la literalidad del texto y atender a sus fines, asumir sus principios y valores, y colaborar de forma auténtica y eficaz en la búsqueda del interés de todos.
La celebración de la Constitución de 1978 ha vuelto a evidenciar la incapacidad de los partidos para adaptarla a la nueva realidad del siglo XXI. Pedro Sánchez y Pablo Casado han ampliado su distanciamiento con un cruce de acusaciones de incumplir la norma en la renovación del Poder Judicial. Vox no ha acudido a la cita, que ha calificado como «un espectáculo cómico». Podemos ha arremetido contra la monarquía. Los nacionalistas han vuelto a ausentarse y el presidente de la Generalitat ha reclamado desde Gerona una Constitución catalana. Estas actitudes solo demuestran lo lejos que están todas las formaciones del principio de lealtad constitucional.
Esta lealtad, heredada del postulado alemán de ‘lealtad federal’ (la indispensable confianza mutua entre la Federación y los estados federados), falta cuando no se respetan los procedimientos establecidos en la Constitución o cuando una autonomía socava la letra y el espíritu del texto, por no hablar de los partidos que directamente quieren acabar con la Carta Magna. Las fuerzas políticas tienen que atender el llamamiento de la presidenta del Congreso. El principio de lealtad no es un mero recurso teórico.
