Responsabilidad del Gobierno
Javier Lambán ha asegurado que la DGA está «sopesando» pedir al Ministerio de Sanidad que implante el pasaporte covid ante la subida de casos. El presidente aragonés descarta ponerlo en marcha de forma unilateral, como están haciendo en otras comunidades, porque, en realidad, ya pidió autorización al TSJA hace un mes para implantarlo. Como los jueces lo condicionaron al criterio que fije el Constitucional, el asunto está en manos del TC. Por ello, debe ser el Gobierno del país quien impulse un marco legal, sin fisuras constitucionales, que permita la solicitud del documento ante determinadas situaciones, como el ocio o acontecimientos multitudinarios, ya que es la franja entre los 20 y 39 años donde se encuentra la población que menor porcentaje de vacunación tiene.
El repunte de contagios en España está llevando a que varias autonomías promocionen el uso del pasaporte covid. Algunas como el País Vasco ya han pedido autorización a la Justicia para exigirlo en el acceso a locales de ocio nocturno y restaurantes. Aragón da un paso más y se plantea, con razón, que sea el Gobierno central quien lo implante para evitar más desautorizaciones por parte de los tribunales. Del mismo modo que Pedro Sánchez ha sido diligente al anunciar la vacuna de refuerzo para mayores de 60 años, también lo tiene que ser para proporcionar a las comunidades un paraguas legal para el uso del certificado de vacunación.
Sea como fuere, el certificado covid será útil, pero insuficiente porque los contagios también aumentan entre personas vacunadas. En consecuencia, deberá acompañarse de otras medidas para controlar la nueva ola. Hay que rastrear los brotes para evitar la transmisión comunitaria. Además, es preciso incidir en las precauciones en interiores, que no se están cumpliendo con rigor: el uso de la mascarilla, la distancia social y la ventilación.
