La presión de las instituciones y de los colectivos de víctimas ha conseguido que Sare, una red de apoyo a los presos de ETA, haya suspendido la marcha en favor del asesino Henri Parot que estaba prevista para hoy en la localidad de Mondragón. En su lugar, el colectivo ha convocado concentraciones en las plazas de numerosas localidades en contra de la legislación que habilita penas de 40 años, en vez de un tope de 30, para determinados delitos, entre ellos los de terrorismo. Es necesario que la firmeza social y política de los demócratas se imponga al discurso abertzale, que dio amparo a décadas de asesinatos, para que la conversación pública sobre las víctimas del terror se imponga a la del odio etarra.

Parot lleva 31 años en prisión tras ser condenado a 4.000 por la comisión de múltiples atentados en los que murieron 39 ciudadanos y 240 resultaron heridos. En Zaragoza, su siniestra huella sigue muy presente porque, el 11 de diciembre de 1987, fue quien colocó el vehículo con 250 kilos de explosivos delante de la casa-cuartel, cuya detonación dejó 11 muertos (6 de ellos menores). El etarra fue juzgado con todas las garantías de la ley y cumple condena con la protección que le proporciona el derecho penitenciario. No caben, pues, actos propagandísticos que vuelven a llevar al espacio público lo peor de la ignominiosa época en la que ETA impuso un clima generalizado de miedo en el País Vasco y en el resto de España.

La marcha a favor de Henri Parot contaba con todos los parabienes legales. La Audiencia Nacional y el resto de tribunales tienen las manos atadas a este respecto porque varias directivas europeas enmarcan este tipo de actos dentro de la libertad de expresión. Por ello, es preciso valorar la puesta en marcha de reformas judiciales para impedir los homenajes a los terroristas, tanto cuando están en prisión como cuando son excarcelados.