El grupo del PP en las Cortes de Aragón ha presentado una moción con el fin de instar al Gobierno de Aragón a que "al menos" se persone como perjudicado en la causa judicial abierta contra los exconsejeros catalanes Santi Vila y Jordi Puig con el fin de reclamar la restitución de los gastos derivados del traslado de los bienes de Sijena retenidos en el Museo de Lérida.

El diputado popular, Antonio Torres, insiste en la necesidad de evitar que "la desobediencia de otros le cueste dinero al erario público aragonés" y por lo tanto, cree "imprescindible" que el Gobierno de Aragón se persone adjuntando la documentación necesaria para la restitución de los gastos sufridos. De hecho, solo el transporte de las obras supuso un coste de 20.000 euros.

Durante el pasado mes de julio, la DGA decidió retirarse de la causa penal abierta contra los dos exconsejeros catalanes, que se enfrentan a delitos de desobediencia y prevaricación al negarse a cumplir con la orden judicial y no facilitar el traslado de las 44 piezas retenidas por el Museo de Lérida.

La negativa de la Generalitat de Cataluña obligó al magistrado del caso a ordenar la incautación de los bienes, con el auxilio de la fuerza pública. La operación, que conllevó un importante despliegue policial, tuvo lugar el pasado 11 de diciembre.

La querella contra los dos exconsejeros, que sigue su curso en el juzgado número 3 de Huesca, fue interpuesta por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que mantiene su postura. También lo hace la Fiscalía, cuyo responsable, Juan Baratech, advertía que ambos exconsejeros incumplieron "con rotundidad" los mandatos judiciales a pesar de las advertencias.

En su momento, el presidente de Aragón, Javier Lambán, dijo que la DGA se había "equivocado" al formar parte de la causa penal contra los dos políticos catalanes, aunque precisó que el tema de la compensación económica era "diferente" e iba a mantenerse.