TRIBUNALES
Solicitan la imputación de otro militar en la contratación del Yak-42
El colectivo de familiares sostiene que el coronel Sebastián Marcos sucedió a otro imputado como oficial de enlace entre el Estado Mayor Conjunto y la agencia de la OTAN que adjudicó la gestión del vuelo.
Un grupo de familiares ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que cite al teniente coronel Sebastián Marcos como séptimo imputado en la causa en la que investiga la contratación del vuelo del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.
En un escrito presentado este jueves, el colectivo representado por el abogado Ángel Gómez San José sostiene que Marcos sucedió al teniente coronel Abraham Ruiz, también imputado, como oficial de enlace entre el Estado Mayor Conjunto (EMACON) y la agencia de la OTAN Namsa, que se adjudicó la gestión del vuelo y posteriormente lo subcontrató.
Los familiares consideran «incontestable» tras la declaración del teniente coronel Ruiz López que este «participó en la confección de distintas respuestas a preguntas parlamentarias sobre seguridad que, según ha dicho, de haber sido conocidas durante el desarrollo de sus funciones como oficial de enlace, hubieran determinado su petición a Namsa de toda la cadena de subcontrataciones».
A juicio de este grupo, Marcos, que le sucedió al frente de esta responsabilidad, «debió tener conocimiento de las reclamaciones de los soldados sobre el riesgo de los aviones»y de qué países, como Noruega, cancelaron el contrato para realizar vuelos con el Yak-42 cinco meses antes del siniestro.
Además, solicita al juez que oficie una serie de diligencias al Ministerio de Defensa y a la compañía Movistar para investigar quién envió un fax el 11 de marzo de 2003 al Centro de Conducción de Operaciones de la Defensa (CECOD) en el que supuestamente se incluían quejas sobre cuestiones de seguridad.
Otros seis imputados
En su declaración ante el juez Marlaska, que se produjo el pasado lunes, Ruiz López declaró que no hubo cobro de comisiones ilegales en la subcontratación del aparato y que la adjudicación de los vuelos se hizo «a precio cerrado».
Los dos principales imputados en este procedimiento son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye «todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas»; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera «responsable de la contratación» del aparato.
La acción penal también recae sobre el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
