Pedro Sánchez no concreta su "regeneración democrática" con el Congreso a medio gas
Una semana después de su decisión, la falta de Presupuestos y las elecciones en juego restan al presidente margen de maniobra.
Ha pasado una semana desde que Pedro Sánchez anunció su decisión de no dimitir pero el presidente sigue sin concretar medida alguna sobre la "regeneración democrática" que dijo disponerse a iniciar. Inmerso ahora en la campaña de las elecciones catalanas del 12-M -participó en dos mítines en Barcelona la pasada semana- y ante las críticas de la oposición que denuncia una posible "maniobra estratégica" tras su "reflexión", tampoco ha fijado una hoja de ruta clara para este "punto y aparte" en la legislatura que los socios le piden "llenar de contenido".
Un plan que, a priori, encabeza la renovación -sin el consenso del PP- del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años con el mandato caducado, pero que se topará con un Congreso funcionando a medio gas debido a los comicios que se celebrarán en Cataluña, este próximo el 12 de mayo, y las elecciones europeas, el 9 de junio.
El calendario legislativo de la Cámara baja cuenta con reglas muy concretas durante las campañas electorales. El Congreso tiene, por tanto, señalados como hábiles los martes, miércoles y jueves que van del 21 al 23 de mayo, del 28 al 30 de dicho mes y con una vuelta a la normalidad el 11 de junio.
Todo ello, con la incógnita de si la presidenta del órgano, Francina Armengol, habilitará, a petición del Gobierno, el mes de julio, que suele estar reservado a las vacaciones. Ya ha ocurrido en los últimos años, albergando en época estival sesiones maratonianas para prorrogar las medidas para hacer frente a la crisis en Ucrania. Sin embargo, no está claro que eso vaya a suceder este verano. Con todo, a priori el Gobierno dispondrá de un puñado de sesiones para una tramitación que requiere de una amplia negociación con los grupos parlamentarios, lo que prácticamente relega cualquier medida al otoño.
Además de la falta de plenos antes de las vacaciones, las Cortes se disponen a dar luz verde a una de las normas que han marcado la legislatura, la ley de amnistía, que reivindica su lugar frente a otras iniciativas. Actualmente, y tras ser aprobada a mediados de marzo por el Congreso, la norma está pendiente del previsible rechazo de la Cámara alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta y permitirá dar luz verde a las enmiendas a la totalidad del texto. Pero ese veto a la medida de gracia en el Senado no tendrá efectos prácticos, más allá de retrasar su publicación en el BOE, pues la proposición regresará a continuación a la Cámara baja, donde volverá a debatirse y votarse en el pleno. Algo que podría producirse a finales de este mes, antes de que empiece la campaña de las europeas o, si no da tiempo, a partir del 9 de junio.
El apretado calendario y la falta de concreción del presidente choca con las prisas de los aliados de Gobierno y de investidura, que piden al dirigente socialista "pasar a la acción". Tanto Sumar como Podemos reabrieron la semana pasada el debate sobre las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces y esperan que el PSOE se una a esta corriente y abandone la idea de intentar reformarlo de la mano del PP.
Quitar peso al Senado
De hecho, los de Ione Belarra se adelantaron el martes pasado al resto de grupos que comparten esta estrategia y registraron una proposición de ley que resta peso al Senado en la elección de los vocales del CGPJ respecto al actual sistema, que otorga a la Cámara alta la facultad de elegir a ocho, mientras que a los otros doce los elige el Congreso. De ese modo, y según la propuesta de Podemos, el Congreso elegiría a 16 vocales del organismo, doce del turno judicial y otros cuatro de juristas de reconocido prestigio, mientras que al Senado le correspondería seleccionar a los otros cuatro restantes. Una idea que en el partido de Yolanda Díaz, a priori, no ven con malos ojos mientras mantienen un debate interno sobre la cuestión.
Desde Sumar reconocen que existe "pesimismo" en la coalición por la falta de iniciativa gubernamental y ya ponen deberes a Sánchez para que su decisión suponga un punto de inflexión. "El gesto del presidente ha sido un gesto de excepción que ha generado debate, pero no se puede volver sin hacer nada", señalan fuentes del grupo parlamentario.
Pero la parálisis legislativa no depende solo del calendario parlamentario. La decisión de Sánchez de prorrogar los Presupuestos de 2023 -después del final abrupto de la legislatura catalana- dejó en barbecho muchas de las medidas sociales que Yolanda Díaz y los suyos esperaban sacar adelante durante este ciclo electoral. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
