Una dimisión y dos cuestiones de confianza en la democracia

La Constitución, en su artículo 112, prevé la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda plantear ante el Congreso de los Diputados una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Un artículo después, en el 113, estipula los mecanismos de una moción de censura, y en el 114 describe el camino que debe seguirse si la Cámara no da su confianza al jefe del Ejecutivo o si la moción de censura triunfa. También contempla en el 99 el papel del Rey en la propuesta de un nuevo candidato cuando el presidente renuncia y en el 101 muestra la senda para la celebración de unas nuevas elecciones tras el cese del Gobierno.

Pero no hay artículo de la Constitución, ni precedentes históricos en la democracia española, que contemplara una situación como la que forzó Pedro Sánchez el miércoles de la semana pasada: un presidente que libera su agenda pública durante cinco días para «parar y reflexionar» y que anuncia, en una «carta a la ciudadanía» difundida en una red social, que está pensando dimitir por los «ataques sin precedentes» que está sufriendo su esposa.

Si este lunes Sánchez anuncia su dimisión, entonces será el segundo presidente del Gobierno que abandona el cargo de esta manera. El primero fue Adolfo Suárez, que lo hizo el 29 de enero de 1981, en el inicio de un tiempo convulso en la vida pública española que tuvo su apogeo apenas cuatro semanas después, el 23 de febrero, con el intento de golpe de Estado durante la votación para la investidura del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Una posible dimisión de Sánchez guardaría cierto paralelismo con la de Suárez. En una época sin redes sociales, el presidente centrista realizó su anuncio en un medio de comunicación, en este caso, a través de un mensaje en la televisión de diez minutos de duración, y apeló a la población directamente («tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional las razones por las que presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno»), al igual que Sánchez ha recurrido ahora «a la ciudadanía».

El contexto histórico, mucho más complicado hace 43 años que en la actualidad, también ofrece, sin embargo, alguna pincelada común. Suárez renunció en un momento de enorme crispación política, más incluso que ahora, como quedó reflejado el 23-F con la irrupción en el Congreso del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

«Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia», fueron las palabras centrales de aquel discurso, en el que el futuro del país estaba por lo menos a la misma altura, sino por encima, de las ambiciones personales de su protagonista. «Deseo para España, y para todos y cada uno de ustedes y de sus familias, un futuro de paz y bienestar», proclamó el primer presidente de la democracia, que falleció en 2014, a los 81 años, de alzhéimer.

Desunión en el partido

Eso sí, en cuestión de apoyos internos existen grandes diferencias. Suárez se había quedado solo en su partido, que se desintegraba con salidas de sus cuadros hacia la derecha (Alianza Popular) y hacia la izquierda (PSOE), mientras que el anuncio de Sánchez ha unido las filas de los socialistas, incluso de aquellos que se habían mostrado hasta ahora más críticos con él: con mensajes y manifestaciones públicas de adhesión reclaman desde el miércoles que se quede.

Así, el único precedente histórico de una dimisión es el de Suárez. Pero si en estos días de reflexión Sánchez concluye que debe someterse a una cuestión de confianza, otra de las salidas que tiene encima de la mesa, entonces será el tercer presidente del Gobierno que acuda a este instrumento político. Antes lo hicieron también Suárez y Felipe González, y ambos fueron avalados por el Congreso y continuaron en la presidencia.

Suárez presentó una cuestión de confianza el 16 de septiembre de 1980 con el objetivo de lograr el apoyo del Congreso para poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado de las autonomías. Sin que su partido, UCD, tuviera la mayoría absoluta, consiguió el respaldo de los parlamentarios con 168 votos a favor (UCD, la minoría catalana, Partido Andalucista y un diputado del Grupo Mixto), 164 en contra (PSOE, PCE, Coalición Democrática, PNV y siete diputados del Grupo Mixto), dos abstenciones y cuatro ausencias.

Una década después, el 5 de abril de 1990, Felipe González apeló al mecanismo de la cuestión de confianza para pedir una «especial política de diálogo» que permitiera llevar a cabo una economía competitiva en el marco de la Unión Europea, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo de las autonomías. En este caso, el PSOE hizo valer su mayoría absoluta para sacarla adelante frente a los votos en contra del PP, de IU y de los nacionalistas.

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