El Gobierno ya tiene apalabrado otro 2% de Telefónica y entrará al consejo al llegar al 10%
El Ejecutivo quiere completar la compra "lo más rápido posible" y para financiar la adquisición del 3% inicial por casi 700 millones la SEPI ha pedido un anticipo de crédito al Estado.
Telefónica vuelve a tener participación estatal después de 27 años de plena privatización. Ayer la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) esperó al cierre de la Bolsa para anunciar la adquisición del 3% del capital de la mayor operadora de telecomunicaciones de España, dando el primer paso para el desembarco del Gobierno en la compañía. El Estado se convertirá en el principal accionista al hacerse con el 10% de las acciones a través de compras repartidas en diferentes operaciones que pretende que finalicen antes del verano. "La compra se hará lo más rápido posible", aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para intentar "no afectar a la cotización".
Esta representación le permitirá tener un miembro en el consejo de administración de la operadora, que actualmente cuenta con 15 consejeros, y el Gobierno no duda en ejercer su derecho. Fuentes gubernamentales aseguran a este periódico que el Ejecutivo quiere actuar "como un accionista más", por lo que no ha descartado en ningún momento su entrada en el consejo, pese a las reticencias que este paso puede suponer para el resto de accionistas. Además del 3% con el que se hizo el pasado lunes, la SEPI tiene ya aparcado otro 2% en derivados financieros por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la operadora se elevará al 5%, según indicaron fuentes del mercado a Europa Press.
Cualquier desembarco estatal en una empresa privada requiere evitar los riesgos de intervencionismo político, ya que "en ocasiones se designan directivos vinculados a los partidos "pero no siempre bien preparados para esos puestos". De hecho, España es el segundo país de la OCDE donde más cargos cambian en la estructura del Estado cuando hay un relevo en el Gobierno. Solo Turquía nos adelanta en este triste ranking. La OCDE advierte: esta politización favorece el ascenso de personas no cualificadas y daña la imagen de las instituciones.
Pero no será un movimiento sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que el fondo saudí STC -con un 4,9% de acciones directas y un 5% en derivados a la espera de autorización del Gobierno- también exigirá un consejero en Telefónica. Para que ambos inversores nombren representantes, habría que convocar una junta extraordinaria o esperar a la de 2025, ya que los plazos son demasiado ajustados para llegar a la del próximo día 12 de abril. En esta reunión -la primera en la que se verán las caras el Estado y los saudíes- se reelegirá a los independientes José Javier Echenique, Peter Löscher, Vernónica María Pascual y Claudia Sender. El resto de vocales cumplen sus mandatos entre 2025 y 2026, por lo que el nombramiento de un consejero para Telefónica o STC forzaría la salida de uno de ellos antes de lo previsto.
Nuevo reparto accionarial
Con la entrada del Estado en el capital, el accionariado queda dividido entre la SEPI (cuya participación llegará al 10%), fondo STC (9,9%, aunque por ahora solo posee el 4,9%), BlackRock (4,98%), BBVA (4,83%), Vanguard (3,02%), Criteria (2,55%), Caixabank (2,51%, después de desprenderse este mismo lunes de un 1% del capital), Norges (1,95%) y el resto de accionistas minoritarios completan con algo más del 67%.
Telefónica no es ni mucho menos la única empresa privada con participación pública. El Estado lo hace a través de la SEPI y está presente en Hispasat, Enagás, Airbus, Aena o IAG, entre otras. Para ello necesita endeudarse porque tener ese capital -como la prevista en Telefónica- implica emitir deuda pública. Aunque después reciben ingentes cuantías de dividendos.
En este sentido, fuentes del Gobierno aseguran que para financiar la compra inicial del 3% de la operadora por casi 700 millones, la SEPI ha pedido un anticipo de crédito al Estado. En concreto, este paquete accionarial, con la cotización a 3,99 euros por título -como cerró este lunes el mercado-, supone un desembolso de unos 690 millones. Y la adquisición del 7% restante supondrá, al precio actual, otros 1.600 millones de euros. En total, unos 2.300 millones de euros para que el Estado adquiera el 10% de Telefónica, unos 450 millones más que si hubiera tomado ese porcentaje en el momento que lo anunció hace tres meses.
Hacienda ha esperado a tener cerrados los datos de déficit de 2023 (que cerró el año en el -3,7% del PIB, dos décimas menos de lo previsto por el Gobierno) para poner en marcha la operación. "Tenemos margen de crédito suficiente" con los Presupuestos Generales prorrogados como para "hacer una ampliación de crédito y comenzar a entrar" en Telefónica, señalan fuentes gubernamentales a este periódico.
Este martes Telefónica abrió sin grandes sobresaltos en el mercado. La sesión cerró con las acciones subiendo un 2% hasta situarse en los 4,07 euros por título. Y aunque el Gobierno asegure que la compra se hará "lo más rápido posible" para que "no afecte a la cotización", la realidad es que la acción de Telefónica mantiene una senda de subida moderada pero constante desde que el pasado mes de diciembre el Ejecutivo confirmó su entrada en la operadora. Es más, desde aquel 20 de diciembre, cuando la acción cerró a 3,67 euros, se ha disparado ya casi un 11%.
