Defensa destinará 33,6 millones a la renovación de vehículos para la UME
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración de un acuerdo para renovar vehículos como motocicletas, turismos, todoterrenos y autobuses.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración de un acuerdo para renovar vehículos como motocicletas, turismos, todoterrenos y autobuses para la Unidad Militar de Emergencias (UME), por un valor de 33.644.000 euros.
Este acuerdo responde a la necesidad de tener los vehículos de la UME "en perfecto estado operativo" para que la unidad pueda llevar a cabo su misión de intervenir "en cualquier lugar del territorio nacional" y en supuestos de "grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas", ha informado el Ejecutivo. Por ello, para el Gobierno resulta "esencial" continuar, según la disponibilidad presupuestaria, con la renovación del material contemplado en el Plan Vital UME.
El objetivo, en este caso, es adquirir vehículos medios de intervención con sus correspondientes módulos para el transporte de personas y mercancías como motocicletas, automóviles de turismo, todoterrenos, vehículos industriales y autobuses con cualquier clase de equipamiento específico.
El valor estimado del acuerdo asciende a 33.644.000 euros y tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos años más.
También en el ámbito de Defensa, el Consejo de Ministros ha autorizado la declaración de emergencia relativa a la contratación de unos servicios jurídicos que asuman la representación España en una demanda interpuesta por la empresa Supreme.
Este grupo empresarial multinacional y la OTAN llegaron a un acuerdo para el suministro de combustible a las tropas que formaron parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF).
La citada empresa ha presentado una demanda contra varios estados participantes en ISAF, entre ellos España, a los que cita a una comparecencia por medio de abogado ante la sede del tribunal neerlandés competente.
Como la Abogacía del Estado carece de habilitación legal para ejercer la representación y defensa de España ante este tribunal, el Gobierno debe acudir a un despacho de abogados locales, para cuya contratación se dedicarán 395.000 euros
