El Gobierno se abre a desclasificar documentos de Pegasus tal como exigen los independentistas
Robles avanza que es "bastante probable" que se levante el secreto, mientras Marlaska afirma que el Ejecutivo aceptará si la petición es "razonable"
El pasado 25 de octubre, ERC dejó muy claro en el Parlament que "con la amnistía no basta" y que, además de otras exigencias, para dar estabilidad a la legislatura de Pedro Sánchez los republicanos querían que el Gobierno desclasificara los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje a los independentistas catalanes, entre ellos al president Pere Aragonès, durante los meses y años posteriores al procés. Este lunes, un mes y medio después después de que el propio Aragonés y el líder de ERC Josep Maria Jove vincularan su apoyo al levantamiento del secreto de esos papeles sobre el uso del malware Pegasus, por primera vez el Gobierno mostró su disposición a la desclasificación de esos informes, algo que hasta ahora se había negado en redondo a hacer.
Fueron Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, por partida doble, los encargados de abrir esa puerta a levantar el velo de esos documentos, tal y como exigen los socios de investidura. Sin embargo, el Ejecutivo tiene previsto presentar esta desclasificación no como una cesión a los partidos catalanes, sino como un ejemplo de colaboración con la justicia. Y es que el titular del Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, quien investiga la infección con este programa de 18 líderes independentistas por parte del CNI, también ha pedido conocer esos documentos.
La operación de espionaje no puede ser negada por el Gobierno, ya que fue reconocida el 5 de mayo de 2022 en la comisión de secretos oficiales del Congreso por la propia exdirectora del centro Paz Esteban, quien aseguró, no obstante, que esos 18 pinchazos siempre fueron con autorización del Tribunal Supremo. La exdirectora negó, sin embargo, que lo servicios secretos estuvieran detrás de la infección de los 'smartphones' de otros 43 políticos independentistas -41 catalanes y 2 vascos- que fueron atacados a través del 'malware' israelí, según el análisis de Citizen Lab, el centro canadiense que reveló el espionaje al secesionismo catalán. Esteban fue fulminada el 11 de mayo de ese mismo año, menos de una semana después de desvelar ante los diputados este operativo.
La titular de Defensa avanzó este lunes que es "bastante probable" que el Ejecutivo de luz verde al levantamiento del secreto que demanda el juez de Barcelona, mientras que el ministro del Interior abundó, por su parte, en que esa desclasificación se hará "en su caso con aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley". Las declaraciones de Grande-Marlaska y Robles están en sintonía con otras fuentes del Gobierno que en los últimos días han dado por seguro que se levantará el secreto, al menos de parte, de los documentos sobre el espionaje con Pegasus a los líderes independistas durante 2019 y 2020, ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y con la actual ministra de Defensa al frente de ese mismo departamento del que depende orgánicamente el CNI.
Precisamente, el juez de Barcelona había citado a declarar como investigada a Paz Esteban el próximo miércoles por el espionaje con Pegasus a Aragonès y al resto de líderes independentistas, pero finalmente este interrogatorio se ha pospuesto a finales de enero a petición de la propia exdirectora del CNI, cuya defensa ejerce la Abogacía del Estado. Esteban, mientras no se levante el secreto total o parcial de esa operación de espionaje, poco o nada va a poder aportar en su declaración judicial, ya que cometería un delito de revelación de secretos si estos papeles continúan siendo clasificados.
Información muy amplia
El pasado 13 de noviembre la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado García al Consejo de Ministros para solicitar, tal y fija la legislación, la desclasificación de información reservada o secreta de los servicios secretos.
La información que el juez de Barcelona ha reclamado al Gobierno es muy extensa: saber si el CNI tiene licencia de Pegasus, quién habría comprado ese permiso a la empresa israelí NSO Group; qué personas participaron en sea supuesta compra; o registros sobre el empleo de Pegasus, entre otras cuestiones.
Además, el togado ha pedido al magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que es el juez de control del CNI, que certifique si el dio autorización para usar ese software para espiar a los independentistas tal y como sostuvo Esteban en el Congreso.
Comisiones de investigación
Grande-Marlaska, al margen de la desclasificación, también defendió hoy la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias reclamadas por los independentistas catalanes, entre ellas la propia sobre el uso de Pegasus, otras más sobre los atentados terroristas de Cataluña de agosto de 2017 y la llamada 'Operación Cataluña' sobre la guerra sucia al independentismo desde el Ministerio del Interior que dirigía el popular Jorge Fernández Díaz.
"Las comisiones de investigación que se aprueban por el Congreso tienen toda la legitimidad, faltaría más, que están abordadas en el marco de quienes representan a la soberanía popular", afirmó el ministro.
El titular del Interior añadió que las comisiones de investigación tienen su propio ámbito de actuación y recordó que las conclusiones "tienen la eficacia y alcance que la propia normativa diseña", remitiéndose al reglamento del Congreso, que es quien determina aspectos como la obligación de comparecencias.
