El Tribunal de Cuentas mantiene la vista a Puigdemont pese a la propuesta de amnistía
No obstante, en los próximos días se resolverá la petición de suspensión del procedimiento.
El Tribunal de Cuentas ha acordado mantener la vista que acoge este viernes contra más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido su expresidente Carles Puigdemont, por el coste del "procés" de 2017, si bien ha anunciado que en los próximos días resolverá la petición de suspensión del procedimiento.
Algunas defensas de ex altos cargos como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras solicitaron la suspensión tanto de la vista de este viernes como del procedimiento del Tribunal de Cuentas en base a la propuesta de la ley de amnistía, registrada el lunes por el PSOE, y que, de aprobarse, afectará a este caso.
Tras escuchar a todas las partes, la consejera ha mantenido su decisión de no suspender la vista de práctica de prueba, que continúa adelante este viernes, si bien ha anunciado que se pronunciará en los próximos días de forma razonada sobre si atiende la petición de suspensión del procedimiento en base a la proposición de ley.
Una petición que han apoyado la mayoría de las defensas, pero que han rechazado los demandantes: la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana.
En su turno de palabra, el fiscal ha expuesto que no se puede subordinar la suspensión de un procedimiento "a un acontecimiento futuro, no incierto, pero sí de una certeza cuya existencia no se puede afirmar".
Ha explicado que "a día de hoy" solo hay una proposición de ley que ni siquiera se ha admitido a trámite por la mesa del Congreso y, aunque "el previsible futuro" es que la propuesta "termine siendo ley", se aplicarán sus efectos cuando ésta entre en vigor.
"A día de hoy conocemos la proposición, pero no los efectos; por lo tanto, no cabe en el momento presente, la suspensión", ha indicado el fiscal.
Una vez recabadas todas las posturas, la consejera ha anunciado que resolverá "por escrito" sobre la suspensión del procedimiento, teniendo en cuenta la complejidad e "implicaciones" del asunto.
En la vista de este viernes se practicará la prueba que debe determinar si existió responsabilidad contable en los exdirigentes catalanes por el uso de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".
En este procedimiento, la Fiscalía cifra el supuesto desvío de fondos públicos para sufragar el "procés" en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, lo eleva a 5,3 millones.
