Unos 200 profesores denuncian el "deterioro del Estado de Derecho" y los "ataques a la independencia judicial"
Varios catedráticos y docentes de la Universidad de Zaragoza firman el manifiesto del Foro de Profesores en el que piden a la UE que tome medidas ante los ataques al poder judicial.
Alrededor de 200 profesores de Derecho, integrados en el Foro de Profesores, han firmado una declaración en la que muestran su "preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en España" ante los ataques al Poder Judicial, temen que la situación se agrave en los próximos meses e instan a las autoridades europeas a tomar las medidas oportunas para evitarlo.
El documento lo firman, entre otros, los catedráticos y profesores de Derecho de la Universidad de Zaragoza Natividad Fernández-Sola, Carlos Martínez de Aguirre, Javier López Sánchez, José Luis Bermejo y Pilar Cortés.
En el documento, consideran que la Unión Europea debe tomar medidas "para revertir una situación que es incompatible con los principios y valores esenciales que recoge el art. 2 del Tratado de la Unión Europea por el peligro que supone, no sólo para España sino para la propia estabilidad y permanencia de la UE".
El deterioro se concreta, según indican, en el "continuado ataque a la independencia judicial y a la imagen de los jueces" que se deriva de ciertas actuaciones de los partidos políticos, de los diferentes poderes ejecutivos (central y autonómicos) y que puede extenderse también al poder legislativo.
Aseguran que ese deterioro de la imagen del Poder Judicial se manifiesta en el fracaso en la renovación del órgano de gobierno del mismo (el Consejo General del Poder Judicial) y en la modificación de la normativa que lo rige para adaptarlo a las exigencias del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Recuerdan que todos los integrantes de dicho órgano son designados por los partidos políticos, un sistema de designación que "no es acorde con los estándares del Consejo de Europa y de la UE, de los que se derivaría que al menos la mitad de los vocales del CGPJ fueran designados por los jueces". La falta de acuerdo ha llevado al bloqueo en los nombramientos de diversos cargos judiciales "con el perjuicio que eso acarrea al funcionamiento de la Justicia".
Recuerdan que también sigue sin resolverse "la dependencia del Ministerio Fiscal respecto al gobierno, desoyendo aquí también las recomendaciones de la Comisión Europea".
Las "injerencias" del Gobierno
Asimismo, lamentan las "continuas y graves críticas que tanto el gobierno de España como del Gobierno regional de Cataluña" dirigen a los jueces. Que ministros del Gobierno de España o miembros del gobierno de Cataluña califiquen de aberración ciertas decisiones judiciales, que afirmen que atacan a la democracia o que son injerencias ilegítimas en el funcionamiento de las instituciones es completamente inadmisible".
Consideran que se trata de un "sistemático" ataque al poder judicial porque "se ha convertido en un obstáculo para la materialización de acuerdos de dudosa constitucionalidad entre los partidos de gobierno en España y los partidos nacionalistas".
Amnistía "sin fundamento constitucional"
Así, entienden que el nacionalismo rechaza la asunción de las consecuencias de sus actos ilegales y exige la “desjudicialización” de las consecuencias del golpe habido en Cataluña en 2017, "incluyendo una amnistía que no tiene fundamento constitucional". Recuerdan que la UE ya ha condenado actuaciones semejantes en otros Estados miembros.
Apuntan que la desjudicialización se ha plasmado ya en la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar a la baja el delito de malversación. Esta reformas legales "pactadas con los mismos delincuentes condenados" suponen también un deterioro significativo del Estado de Derecho, "un deterioro que se vería agravado por una ley de amnistía que los nacionalistas plantean como un pago necesario para que den su apoyo al candidato socialista a la presidencia del gobierno, el señor Pedro Sánchez".
![(I-D) La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, durante la firma de un acuerdo para la investidura, en el Congreso de los Diputados, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El PNV ha cerrado un acuerdo con el PSOE para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que previsiblemente se celebrará la próxima semana. Los votos a favor del PNV son imprescindibles para que Pedro Sánchez sea investido en primera votación, y en segunda votación sería suficiente con la abstención de los jeltzales para que el presidente del Gobierno en funciones sea reelegido. Algunas cuestiones que contiene el acuerdo son el impulso al euskera y también un avance en el marco vasco de relaciones laborales...10 NOVIEMBRE 2023;FIRMA;INVESTIDURA;PNV;PSOE;ACUERDO..Eduardo Parra / Europa Press..10/11/2023 [[[EP]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2023/11/10/sanchez-y-ortuzar-pnv-firman-un-acuerdo-para-la-investidura-1.jpeg)
Entienden que la amnistía "supondría además un golpe a la actuación del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, además de un ataque a la actuación del Gobierno que aplicó el instrumento de coacción federal previsto en el art. 155 de la Constitución y del propio Jefe del Estado que, en aquellos momentos, urgió al acatamiento del Estado de Derecho como base insustituible de toda democracia".
Además, la amnistía implicaría "la desaparición de las penas accesorias de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Todo ello implicaría la deslegitimación de quienes se opusieron a la secesión en 2017 y de quienes apoyaron entonces al gobierno de España, incluidas las Instituciones europeas".
Abuso de la legislación de urgencia
Por otra parte, denuncian que se aprecia una instrumentalización partidista de las instituciones que es incompatible con principios esenciales del Estado de Derecho. Por ejemplo, citan que hace ya más de veinte días que el Rey designó a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, no se ha anunciado la fecha en la que se producirá el debate de investidura, lo cual es insólito en la tradición constitucional española. A la vez, se mantiene paralizada la imprescindible actividad de control del gobierno por parte del Congreso de los Diputados.
Los firmantes también observan un abuso por parte de la legislación de urgencia que no se adecua a las exigencias de un proceso legislativo con una participación plena de las Cámaras. "Se utiliza abusivamente la figura del decreto ley para soslayar la intervención parlamentaria en la elaboración de las normas". Añaden que "se utiliza espuriamente la figura de la proposición de ley, preparada por los partidos políticos".
Consideran inadmisible que, en democracia, el Gobierno de un Estado miembro de la UE esté condicionado por las exigencias de los partidos nacionalistas, "pretendiendo eludir sus responsabilidades por actos delictivos y que, además, como vienen continuamente expresando, condicionen su apoyo al Gobierno de la nación a que, tras la amnistía, éste les facilite la segregación de parte del territorio nacional mediante la realización de un pretendido referéndum de autodeterminación, contrario también no sólo a la letra sino al mismo espíritu de los Tratados de la UE".
