Manuel García Castellón, el juez al que odian la izquierda y los independentistas

El septuagenario instructor, que ya denunció a Iglesias por sus ataques y que ha acusado de terrorismo a Puigdemont, ha sentado en el banquillo a Fernández Díaz y cercó a Pinochet por crímenes contra la humanidad, pero también ha exonerado a Cospedal, a Gallardón y a Aguirre en diferentes causas

Manuel García Castellón, en una de sus contadas imágenes públicas
Manuel García Castellón, en una de sus contadas imágenes públicas
Maika Salguero

Manuel García Castellón y García-Lomas (Valladolid, 1952) ha puesto patas arriba la negociaciones entre el PSOE y los independentistas al acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en el sumario de Tsunami Democràtic, sin siquiera esperar a conocer el parecer de la Fiscalía, y después de procesar por los mismos cargos a los CDR que los socialistas también aspiran a amnistiar.

Puigdemont no ha tardado en señalar públicamente a este septuagenario juez como parte de la ofensiva de la derecha togada. No es la primera vez que un político le pone en la picota. En octubre de 2020, García Castellón denunció ante Consejo General del Poder Judicial la campaña de amenazas, coacciones y hostigamientos en redes sociales y en "algunos medios de comunicación" afines a Unidas Podemos desatada contra él a raíz de que pidiera al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos en el denominado "caso Dina". El exvicepresidente, como ahora apuntó a que el magistrado era un brazo ejecutor de la derecha, además de llamarle directamente "prevaricador".

¿Pero quién es éste juez y por qué sigue en activo en primerísima línea judicial? En la primavera de 2017, Manuel García Castellón estaba a punto de cumplir 65 años. Cualquier otro magistrado, estaría preparando esos días su fiesta de jubilación o, cuanto menos, el paso al destino más tranquilo posible para poner la guinda a su carrera. Por eso, al principio, nadie se creyó lo que entonces parecía solo un rumor: el veterano García-Castellón quería meterse de nuevo en el "jardín" de la Audiencia Nacional tras 17 años de "exilio dorado" como magistrado de enlace en París y en Roma, probablemente dos de los puestos más atractivos de la carrera judicial, con estatus diplomático y emonumentos considerables.

Quizás por lo incompresible de la decisión de que un casi jubilado quisiera volver a un juzgado, el Central 6 de Instrucción, que por entonces -también ahora- estaba saturado de trabajo, se dispararon las maledincencias y las suspicacias. ¿Por qué un miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura de la que llegó a ser tesorero tenía tanto interés en recuperar su plaza aun perdiendo los privilegios de su vida en el extranjero? ¿Por qué el juez al que Ángel Acebes o Alberto Ruiz-Gallardón nombraron para sendos puestazos en París y Roma quería regresar a un despacho atestado de papeles tras 17 años sin instruir? ¿Cómo era posible que todo un magistrado merecedor de la medalla de Caballero de la Legión de Honor francesa deseara volver a los tribunales de la calle Génova a interrogar y mandar a la cárcel a propagandistas del Daesh o a narcotraficantes del Estrecho?

A falta de la versión del interesado, que siempre ha hecho gala de ser un magistrado "discreto" en las antípodas de los jueces estrella de la Audiencia con los que convivió durante años y todavía convive, sus enemigos han hecho valer la tesis de que regresó para echar una mano al PP en los tribunales.

Prisas en Tsunami

La imputación de Puigdemont en un momento clave como el actual y las prisas a la Guardia Civil para que remitiera en estos días el informe clave de Tsunami desde el luego abonan la tesis de sus enemigos. Pero hay matices. García Castellón es el instructor que el pasado octubre acordó la apertura de juicio oral contra el ex ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y la cúpula policial de entonces por la denominada "operación Kitchen", el dispositivo parapolicial puesto en marcha entre 2013 y 2015 supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material sensible relacionado con la investigación del "caso Gürtel".

Eso sí, también es verdad que en septiembre del año pasado se negó en redondo a investigar a Dolores de Cospedal en esta causa a pesar de los audios que apuntaban a que estaba al tanto de todo el operativo de espionaje a Bárcenas.

Las versiones sobre su cercanía al PP se basan sobre todo en la circunstancia de que García-Castellón se empeñó en volver cuando en su juzgado habían estallado dos casos -'Púnica' en 2015 y 'Lezo' en 2016- que apuntaban a hacer tanto daño a los populares como en su momento el sumario de Gürtel.

En Lezo sus mayores movimientos fueron archivar en mayo de 2019 la investigación sobre Gallardón y sus consejeros por la compra de una empresa colombiana ruinosa por parte del Canal de Isabel II. En 'Púnica', la trama de tráfico de influencias que afecta a varias administraciones nacionales, sacó del caso en octubre del año pasada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El juez zanjó que no había pruebas de que fuera "conocedora" de la "caja B" del PP madrileño.

Lo que no recuerdan tanto sus detractores es que este supuesto "infiltrado" de la derecha en la judicatura, como le llaman sus detractores, no tuvo, sin embargo, ningún problema en abrir una investigación en España en 1997 contra Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad que acabó con la detención en Londres del dictador un año después y en un proceso en el que, ya en manos de Baltasar Garzón, se anduvo cerca de conseguir la extradición del general chileno.

Encarceló a Gil y a Conde

Los que acusan García-Castellón de ser un juez parcial al servicio de los sectores más conservadores del país también hacen por obviar que fue también el magistrado que en los noventa ordenó encarcelar a Mario Conde o el mismo que desmontó el emporio de Jesús Gil.

El juez al que el Gobierno de Rodríguez Zapatero galardonó con la Encomienda de Isabel la Católica por su trayectoria fue uno de los magistrados que con más ahínco -pero mucho más alejado de los focos que otros compañeros- persiguió a ETA desde su llegada a la Audiencia Nacional en 1995 hasta que en 2000 se marchó a París, donde siguió luchando contra los terroristas a base de llevar a las cotas más altas la colaboración judicial hispano-gala.

El juez que instruyó el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el atentado contra José María Aznar, tras su regreso al tribunal de la calle Génova ha retomado su guerra contra la banda terrorista ya disuelta y, sobre todo, contra sus cabecillas. Ha sido él quien, de la mano de la activa Dignidad y Justicia, ha reactivado la persecución de exjefes terroristas por, entre otros casos, por el asesinato de Blanco o el atentado de Santa Pola.

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