Veintidós ex altos cargos de Sánchez ya han percibido un total de 1.150.000 euros tras dejar el Ejecutivo

Veintidós ex altos cargos de los Gobiernos de Pedro Sánchez han cobrado un total de 1.151.173 euros desde que abandonaron el Ejecutivo como compensación tras haber cesado en sus responsabilidades, según el último informe del Portal de Transparencia. El antiguo vicepresidente Pablo Iglesias, el todopoderoso asesor de la Moncloa Iván Redondo y los ministros Reyes Maroto, Pedro Duque, Arancha González Laya, Isabel Celáa o el ya fallecido José Guirao se han acogido a esta prestación, igual que han hecho varios ex secretarios de Estado. De hecho, la antigua secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, de Podemos, es la que más ha ingresado por este concepto.

Solo los ministros y secretarios de Estado salientes (no los subsecretarios ni los asesores) tienen derecho a acceder a esta compensación, llamada 'el paro VIP de los políticos', que asciende al 80% del sueldo que percibían en el Gobierno. La pueden recibir durante el mismo tiempo que hayan permanecido en su puesto y hasta un máximo de dos años, como recoge la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La prestación debe ser solicitada por el beneficiario y en muchos casos, se trata de un ingreso que los políticos perciben hasta que reciben la aprobación de la Oficina de Conflicto de Intereses, que analiza sus incompatibilidades y les permite volver a la actividad privada en un campo ajeno al que han ocupado en el Gobierno.

Ese ha sido el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que cobró 27.290,96 euros desde el 1 de abril de 2021 hasta el 4 de septiembre de ese año. Fue entonces cuando recibió la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para colaborar con diversos medios de comunicación y con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En la misma situación se encontró la exministra de Exteriores Arancha González Laya, que ingresó 35,133,40 euros desde agosto de 2021 hasta febrero de 2022, en que se le permitió aceptar el cargo de decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. O el asesor de cabecera del primer Sánchez, Iván Redondo: destituido en la crisis de Gobierno de julio de 2021, recibió 22.345,21 euros en total desde el 1 de agosto de ese año hasta el 7 de noviembre, cuando recibió el plácet para comenzar a escribir columnas en medios de comunicación.

Entre los antiguos miembros del Gobierno de Sánchez la casuística es amplia. La exministra de Educación Isabel Celáa cobró 29.194,66 euros entre el 1 de agosto de 2021 y el 25 de enero de 2022, cuando fue nombrada embajadora ante la Santa Sede. Su compañera en Industria, Reyes Maroto, cobró 13.412,33 euros desde que dejó el Ejecutivo, el 1 de abril de 2023, tras ser designada por el presidente como candidata a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, hasta que tomó posesión de su cargo en la Plaza de Cibeles, el 16 de junio de ese año. Igual ocurrió con Hana Jalloul, que percibió 15.434,32 euros desde el 1 de abril de 2021 hasta el 7 de junio de ese año, cuando ocupó su escaño como portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. En los meses que han transcurrido entre cobrar un sueldo político y otro han recibido esta compensación.

Los más beneficiados

Los más beneficiados por la indemnización han sido algunos de los miembros del segundo escalafón de los Ejecutivos de Sánchez. La ex alto cargo que más ha ingresado ha sido Noelia Vera, con 148.983,32 euros desde el 1 de noviembre de 2021, apenas un mes después de dejar la política, hasta el 27 de julio de 2023. La antigua número dos de Irene Montero en Igualdad, antecesora en el cargo de Ángela Rodríguez 'Pam' y una de las caras visibles del Podemos más anticasta y antiprivilegios de los políticos, ha exprimido al máximo esta compensación al cobrarla durante 21 meses, el mismo tiempo que permaneció en el cargo.

Justo al terminar su derecho a recibir la prestación, Vera ha comenzado a trabajar en el sector privado. Según su perfil en Linkedin, desde agosto de 2023 está en la dirección de Momma Comunicación, "una agencia especializada en el diseño y gestión de contenidos para instituciones, empresas y organizaciones, con especial dedicación al márketing digital, la gestión de medios, la incidencia política y las relaciones institucionales".

También se encuentran en el grupo de más ingresos, al aprovechar la extensión máxima de su derecho, Fernando Martín Valenzuela (ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 134.589,14 euros); Marco Aguiriano (ex secretario de Estado de la UE, 133.667,69) y Juan Pablo de la Iglesia (Cooperación Internacional, también 133.667,69). Cantidades similares han percibido dos veteranos altos cargos socialistas que, al final de sus carreras políticas, han ocupado puestos destacados en los Gobiernos de Sánchez: Consuelo Rumí, ex secretaria de Estado de Migraciones, ingresó tras dejar el cargo 133.112,72 euros y Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social, 129.887.

Aunque sea totalmente legal, esta compensación tan alta genera una gran polémica. Primero, porque se aleja muchísimo de la prestación por desempleo que reciben los trabajadores que no se dedican a la política: la cuantía máxima del paro es de 1.225 euros para personas sin hijos, de 1.400 euros para personas con un hijo y de 1.575 euros para personas con más de un hijo a su cargo. Y también porque en ocasiones, la reciben personas cuya permanencia en el cargo ha estado marcada por la polémica: un caso paradigmático es el de la exministra de Sanidad Carmen Montón, que dimitió el 12 de septiembre de 2018, pese a que Sánchez la apoyó hasta el último momento, tras descubrirse que alteró las notas de su máster y que plagió un trabajo. Montón fue ministra 101 días, pidió la prestación y la cobró 97 días (15.116,12 euros). En marzo de 2020, el presidente la nombró embajadora observadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos, una institución con sede en Washington.

También han pedido la prestación dos ex altos cargos que abandonaron entre críticas el Gobierno: la ex directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con rango de secretaria de Estado, Paz Esteban López, destituida tras la polémica por las escuchas del 'caso Pegasus', y la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, apartada tras el escándalo de los trenes de Cercanías de Asturias y Cantabria que no cabían por algunos túneles. Ambas ya están cobrando, y lo harán hasta bien entrado 2024 (si antes no piden el fin de la prestación), 7.306,02 euros al mes.

La última vez que se reguló fue en 2015, pero la compensación a los ex altos cargos no es una medida nueva. Ya los Presupuestos Generales del Estado para 1981 establecieron un derecho similar al actual que se aprobó con dos objetivos: compensar las limitaciones previstas para el ejercicio de la actividad profesional de los altos cargos tras el cese en el Gobierno y favorecer el retorno a la actividad profesional tras cumplir el periodo de incompatibilidad exigido al abandonar el cargo político.

Exrepresentantes de Gobiernos socialistas y populares se han acogido a la indemnización, pero en la última década, la reclamación de la sociedad de una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos ha sacado a la luz los nombres de los peticionarios y las cuantías recibidas. Así, desde 2012, las arcas del Estado han destinado un total de 6.452.634 euros a compensar no solo a los políticos, sino también a los miembros de organismos públicos y reguladores, que se quedaban sin trabajo después de abandonar sus cargos.

Etapa de Rajoy

De la etapa de Mariano Rajoy, el exministro de Economía Luis de Guindos (9.382,46 euros), el de Defensa Pedro Morenés (17.530,30) o el de Educación José Ignacio Wert (4.598,79) se acogieron a esta prestación tras dejar el Ejecutivo y antes de reincorporarse a sus nuevos empleos. También lo hicieron otras personalidades destacadas de aquellos Ejecutivos, como la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, la popular que más ha percibido, 160.756,60 euros. Otros ex secretarios de Estado del PP como Marcial Marín, Carmen Martínez Ten, Antonio Beteta o Víctor Calvo-Sotelo recibieron, en los dos años siguientes al abandonar sus puestos, cuantías por encima de los 150.000 euros, según los datos del Portal de Transparencia.

Pero las mayores cifras no las han ingresado políticos o por lo menos, no quienes ejercían la política, sino los altos cargos de diferentes organismos. En la última década, la persona que más ha cobrado como compensación tras el cese de su puesto ha sido el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura, que percibió 236.789,66 euros (9.955,13 al mes) entre el 8 de octubre de 2012 y el 7 de octubre de 2014 (apurando el máximo de dos años que fija la ley), en un momento en que España estaba todavía lejos de recuperarse de la crisis económica de 2008. El segundo con más ingresos por esta partida ha sido Bernardo Lorenzo, ex presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que recibió 225.358,56 euros (9.389,94 al mes) desde el 2 de noviembre de 2013 hasta el 1 de noviembre de 2015.

Marcel Coderch y Collel, ex vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se llevó 214.368,96 euros en el mismo periodo; y así una larga lista de consejeros de organismos reguladores y públicos (Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de la Competencia) que una vez abandonado su trabajo, en los dos años siguientes, percibieron sumas por encima de los 160.000 euros.

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