La Ley de Memoria Democrática cumple este sábado un año desde su entrada en vigor con avances, como el cambio de denominación del Valle de los Caídos, y muchas asignaturas pendientes, entre ellas la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

La creación de esta comisión fue uno de los asuntos de la ley que generó más polémica, ya que se incorporó al texto tras una enmienda pactada entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y EH Bildu, que pretendía poder abordar el inicio de la actuación de los GAL.

La propia ley señala que el Gobierno deberá designar esta comisión técnica en el plazo de un año desde su entrada en vigor, pero sigue pendiente.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explican que han avanzado en "el análisis de los perfiles más adecuados" para esta comisión, pero señalan que el despliegue de esta y otras medidas de la ley "se ha visto afectado por las diferentes convocatorias electorales y por el periodo de gobierno en funciones".

Otras medidas pendientes

De hecho, otro asunto pendiente de la ley, que debía estar listo en el primer año, es la realización de una auditoría y de un inventario por parte del Estado de los "bienes expoliados" en la guerra civil y la dictadura, algo en lo que las mismas fuentes aseguran que están trabajando y que esperan culminar.

El Gobierno tampoco ha cumplido con otras dos medidas que tenían un año de plazo: la presentación en las Cortes de un proyecto de ley para modificar la Ley sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a los archivos del Estado sobre la guerra civil y la dictadura; y el impulso de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, para incluir como causa de disolución la apología del franquismo.

En ambos casos, las fuentes del Ministerio aseguran que ha habido avances por parte del propio Gobierno, pero que la disolución de las Cortes "ha impedido continuar" el proceso.

Además, la Fundación Francisco Franco sigue vigente, pese a que la Ley de Memoria señala que aquellas que enaltezcan a los dirigentes de la dictadura deben ser extinguidas, aunque desde el Ministerio alegan que medidas de este tipo requieren actuaciones "de carácter normativo o bien de intervención judicial".

Aún no se ha completado el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria, aunque sí ha habido contactos con las comunidades autónomas para su elaboración.

Asimismo, sigue habiendo siete pueblos españoles con nombres franquistas, entre ellos Llanos del Caudillo, en Ciudad Real, y está pendiente la resignificación del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) por medio de un concurso de ideas y la aprobación de un Real Decreto que establezca un nuevo marco jurídico en ese lugar.

Y aunque nada más entrar en vigor la ley se exhumaron los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y de su esposa Genoveva Martí de la basílica de la Macarena de Sevilla, siguen a la espera las exhumaciones de otros dos dirigentes del franquismo: el general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, que permanecen enterrados en el Alcázar de Toledo.

Aspectos de la ley ya cumplidos

Pese al trabajo pendiente, desde el Ministerio defienden que la ley "ha tenido un estimable grado de ejecución y desarrollo", y destacan medidas como la puesta en marcha de una oficina de atención a víctimas y la entrega de 242 declaraciones de reconocimiento y reparación personal.

En este primer año ha habido avances significativos, entre ellos el cambio de denominación del Valle de los Caídos, de donde fue exhumado el pasado mes de abril el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, en aplicación de la ley.

Además, en junio comenzaron los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle reclamadas por sus familiares, y un mes después fueron identificados los restos de doce personas, cuatro de ellas con identidades concretas.

En el Valle, donde hay enterradas más de 33.830 personas de ambos bandos de la guerra civil, los trabajos de exhumación continúan avanzando lentamente y con la incógnita sobre su futuro, después de que un juzgado de Madrid anulara la licencia de obras, una decisión recurrida por el Gobierno.

Otro aspecto cumplido de la ley ha sido el nombramiento de un fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cargo que desde el pasado mes de junio ocupa la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado.

La Fiscalía apoyó recientemente investigar como crímenes del franquismo las torturas de la policía franquista en la comisaría de la Via Laietana, en Barcelona, en aplicación de la Ley de Memoria, pero una jueza de esa ciudad no admitió a trámite la querella y el caso está ahora pendiente de recurso.

Por otra parte, la creación de un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista ha dado un paso significativo con la adquisición por parte del Ministerio de Justicia de un sistema informático para su desarrollo.

Y sobre los lugares de memoria, la ley reconoce algunos como el Panteón de Hombres Ilustres, en Madrid, registrado ya en el inventario con su nuevo nombre de Panteón de España, y el Gobierno sumó la localidad de Gernika por el "horror" del bombardeo fascista que sufrió su población en 1937, durante la guerra civil.