Naciones Unidas da un año a España para investigar a fondo la tragedia de Melilla
Interior insiste en que considera cerrado el caso tras los carpetazos de Fiscalía y el Defensor pese a que la ONU eleva a 77 los muertos.
La ONU pone fecha límite a España para que investigue a fondo lo ocurrido la mañana del viernes 24 de junio de 2022 en el paso fronterizo de Barrio Chino entre España y Marruecos. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas exige al Ministerio del Interior que «a más tardar el 28 de julio de 2024» lleve a cabo una investigación «de manera pronta e imparcial» para aclarar hasta dónde la tragedia de Melilla fue en parte responsabilidad de las fuerzas de seguridad españolas y dilucidar otros aspectos claves de aquellos sucesos, como el número real de fallecidos. El ultimátum de la ONU no ha tenido efecto alguno en el Ministerio del Interior, que en los últimos días ha insistido en que no está dispuesto a reabrir este caso que supuso la mayor tragedia terrestre de la inmigración clandestina de la historia de España.
Naciones Unidas, a través de las 'observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de España' del pasado julio, pero también directamente ante la Misión Permanente de España ante el organismo internacional, ha hecho llegar su reclamación de que se abran unas pesquisas serias sobre lo sucedido aquel viernes durante «el intento de cruce multitudinario de la frontera entre España y Marruecos». Todo ello después de que el Comité contra la Tortura asegurara que existen «informes recibidos en los que se denuncia, entre otras cuestiones, la ausencia de una investigación efectiva de los hechos».
Particularmente, el comité «insta» a España a indagar «cualquier posible responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial en los incidentes ocurridos en la valla fronteriza». Y es que Naciones Unidas reprocha a España que se limitara a dar carpetazo al asunto escudándose en los archivos de las diligencias abiertas por la Fiscalía «al no apreciarse indicios de delito en la actuación de los agentes españoles»; y de la investigación de «carácter disciplinario abierta por la Guardia Civil» que se cerró, afirma el comité, «al no haber sido posible identificar a ninguno de los agentes que habrían lanzado piedras contra los inmigrantes». El comité también se muestra sorprendido por el hecho de que Interior diera por zanjado el caso a pesar de que las pesquisas del Defensor del Pueblo concluyeron que las «470 devoluciones sumarias o en caliente efectuadas aquel día tras el cruce masivo fueron ilegales».
Para finales del julio del año próximo, la ONU no solo pretende que la investigación haya concluido, sino que también España haya tomado «todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar».
El Comité contra la Tortura exige a España esa investigación real de los sucesos del 24 de junio de 2022 en la valla entre Nador y Melilla después constatar, además, que sus cifras no coinciden con las ofrecidas por Marruecos y aceptadas de facto por España. Rabat solo dio, y en las primeras horas, un dato: 23 muertos. Nunca más aportó nuevas cifras. Caminando Fronteras, probablemente la institución que más medios y esfuerzos puso para investigar la tragedia, en julio de 2022 elevó el balance provisional a 72 personas fallecidas. Según la investigación de Amnistía Internacional, se produjeron al menos 37 muertos y no menos de 77 desaparecidos. La ONU, ahora, hace oficialmente suyas las cifras de Amnistía y añade que, al menos, 200 subsaharianos más resultaron con «lesiones de diversa índole» en el salto masivo.
Asunto "cerrado"
En los últimos días, y tras la recepción de las quejas oficiales del Comité contra la Tortura, en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han venido insistiendo en que el rapapolvo de la ONU no va a hacer cambiar un ápice la postura oficial de que este asunto está «cerrado» tras las investigaciones de la Fiscalía, el Defensor y la Guardia Civil y después de las tres intervenciones en el Congreso del ahora ministro en funciones para dar su versión sobre lo ocurrido en el paso de Barrio Chino.
La oficina que dirige Ángel Gabilondo, en octubre del año pasado, y tras solo unos días trabajando sobre el terreno, concluyó que Interior expulsó ilegalmente a casi medio millar de inmigrantes, y no a 101 como sostenía Marlaska. El Defensor apuntó a que el Gobierno ocultó la envergadura real de la gran operación de deportaciones exprés que llevó a cabo con buena parte de los 'sin papeles' que sí que consiguieron llegar a territorio nacional.
El Defensor, que echó por tierra la versión oficial de Grande-Marlaska, zanjó que la Guardia Civil apedreó a inmigrantes, que las fuerzas marroquíes entraron a España y que el Ministerio del Interior sí que sabía lo que ocurría en directo a través de las cámaras del perímetro.
Pero aquel varapalo tampoco impulsó al Gobierno a abrir una investigación sobre lo ocurrido, como la que ahora exige la ONU. Y es que el 23 de diciembre del año pasado la Fiscalía salió al rescate de Interior con un informe en el que daba carpetazo a la causa sobre la tragedia de Melilla tras hacer suya la versión del ministerio, insistiendo en la «violencia» de los inmigrantes, descartando cualquier irregularidad en la Guardia Civil y esquivando la polémica sobre las posibles muertes en territorio nacional.
