La Policía Nacional libera a 21 víctimas de explotación sexual en Alicante
Gracias a esta operación ha quedado desarticulada una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
La Policía Nacional ha liberado en Alicante a 21 víctimas de explotación sexual, una de ellas obligada a prostituirse como 'trans crossdresser'. Gracias a esta operación ha quedado desarticulada una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y han sido arrestadas nueve personas. Los cabecillas ya han ingresado en prisión.
Según explica la Jefatura en un comunicado, las víctimas eran captadas en Colombia mediante engaños y, una vez en España, las obligaban a prostituirse para saldar su deuda.
La organización poseía "una estructura perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas entre sus integrantes", destaca la Policía, que detalla que a los investigados se les imputa lapresunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración irregular), delitos relativos a la prostitución y falsedad documental.
La investigación se inició cuando una de las víctimas logró escapar de uno de los pisos en el que estaba retenida y contactó con agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Alicante-Elche para pedir ayuda.
Esta persona manifestó que fue captada en su país de origen bajo la falsa promesa de que iba a trabajar en España como ayudante de cocina y, debido a su precaria situación económica, aceptó la oferta.
A su llegada a España, fue obligada a ejercer la prostitución para saldar la deuda que había adquirido con la organización con motivo de su viaje, la cual se había incrementado de forma exponencial en base a supuestos intereses y gastos varios que no tenían nada que ver con el viaje en sí.
La víctima relató a los agentes las deplorables condiciones en las que debía ejercer la prostitución, de "absoluta" explotación. Se encontraba en un régimen de semiesclavitud, ya que debía estar disponible en todo momento para los clientes, en turnos de 24 horas durante los 7 días de la semana, y no tenía libertad para salir a la vía pública.
Cuando los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, activaron de forma inmediata los protocolos policiales destinados a la protección de la víctima e iniciaron las pesquisas de investigación con el fin de detectar y comprobar si había alguna otra víctima en su misma situación.
"Profesionalización delictiva"
La organización contaba con una gran infraestructura que le permitía controlar hasta seis pisos/locales en la ciudad de Alicante y extendía sus ramificaciones hasta Murcia y València.
Gracias a la "gran experiencia criminal" del principal líder de la organización, dotaban de apariencia legal todas sus actividades. Tenían "tal grado de profesionalización delictiva" que llegaron a contar con una agencia de viajes mediante la que, de forma fraudulenta, efectuaron el traslado de sus víctimas hasta España y burlaron los controles fronterizos haciéndolas pasar por turistas, subrayan las fuentes policiales.
Los presuntos autores de los hechos, debido al gran volumen de negocio que manejaban, tenían unos ingresos de unos 21.000 euros al mes, lo que les permitía llevar un alto nivel de vida tanto por las viviendas de lujo en las que residían como por los vehículos de alta gama que conducían.
Tras diversas gestiones -y una vez lograron detectar nuevas potenciales víctimas sometidas a explotación sexual por los proxenetas- los investigadores arrestaron a los nueve integrantes de la organización, liderados por un varón que cuenta "con multitud" de antecedentes policiales.
Además se llevaron a cabo seis registros simultáneos en los diferentes locales que regentaban donde los agentes lograron identificar a otras 20 nuevas víctimas potenciales.
Los principales integrantes de la organización fueron puestos a disposición judicial que decretó el ingreso en prisión de los dos líderes de la misma.
Como muestra de su modo de proceder habitual, y de la "nula empatía" que mostraban, una de las víctimas liberadas fue presuntamente obligado a prostituirse en contra de su voluntad como 'trans crossdresser' "con el único objetivo de obtener un mayor rédito económico de su explotación sexual". Le obligaron a adquirir artículos para prostituirse como pelucas y vestidos, que le exigieron pagar, hecho que engrosó el saldo de su deuda.
De esta forma, recalca la Policía, "se produjo una doble victimización: por un lado le forzaban supuestamente a realizar prácticas sexuales en contra de su voluntad y, por otro, la propia naturaleza de esas prácticas sexuales hacía que su deuda se incrementara más".
