La huelga de los letrados judiciales redobla la presión sobre Llop tras la crisis del 'solo sí es sí'
Justicia se reúne este jueves con las asociaciones tras 17 días de paro indefinido que deja ya 152.000 juicios y vistas suspendidos y 560 millones paralizados.
La primera huelga indefinida en democracia en la Administración de Justicia llega este jueves a su momento cumbre. Tras 17 días de paros permanentes de los letrados judiciales (antiguos secretarios judiciales) -máximos responsables de la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales de todo el país tras una reforma de 2009-, el Ministerio de Justicia ha convocado al comité de huelga para buscar una solución a las demandas salariales del sector, que agrupa a 4.300 funcionarios, y poner fin a las "desastrosas" consecuencias que está teniendo en el servicio público de la Justicia.
Hasta este miércoles las diferencias entre las partes han sido profundas, con reproches y calificativos altisonantes desde el ministerio. El departamento dirigido por Pilar Llop ha establecido varias líneas rojas que, a ojos de los reclamantes, hacen inviable la desconvocatoria del paro permanente, cuyo seguimiento diario oscila entre el 70 y el 80%, según los datos del comité de huelga que agrupa a las principales asociaciones profesionales, y entre el 20 y el 30%, según los números facilitados por Justicia.
El desolador panorama que ya deja esta histórica movilización -con 152.000 vistas y juicios suspendidos en todo el país o los 560 millones de euros retenidos en la cuenta vinculada a procedimientos judiciales- ha encendido el piloto rojo en la sala de máquinas de la Moncloa y, por vez primera, el foco apunta directamente a la responsabilidad política del gabinete de Llop, que no ha sabido mitigar esta conflictividad laboral y atajar una crisis que crece de forma exponencial con el paso de las jornadas.
Así, en pleno comienzo de un año marcadamente electoral, el Gobierno ha visto cómo le ha surgido un nuevo frente cuyas consecuencias ya se podían intuir desde el pasado noviembre, cuando se produjeron los primeros paros por parte de este Cuerpo Superior Jurídico. Tres meses después, la bola ha estallado en plena polémica por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', que ha afectado al mismo seno del Ejecutivo de coalición. Una modificación legal que precisamente negociaron por orden del presidente Pedro Sánchez los ministerios de Justicia (Pilar Llop) e Igualdad (Irene Montero), pero que, tras no llegar a un acuerdo, obligó al PSOE a presentar en solitario su propuesta en el Congreso.
Más de 300 nuevas tareas
El contexto de la huelga indefinida de los letrados judiciales es el incumplimiento del ministerio de los acuerdos alcanzados en abril pasado, según denuncian. Se trata del establecimiento de una cláusula de enganche que vincule las retribuciones del sector a la Carrera Judicial (jueces y magistrados) y la reducción de los grupos de población que supone poner fin a la "discriminación salarial" que sufre este gremio en pequeños partidos judiciales.
Detrás de su reivindicación subyacen los cambios que entraron en vigor en 2009 y aumentaron en 2015, con la creación de la oficina judicial y la asunción de "más de 300" competencias que antes correspondían a los jueces. Ejercen funciones de fe pública, ordenación del procedimiento o dirección técnico-jurídica del personal auxiliar de la administración judicial. Y sin la intervención del letrado, por ejemplo, no pueden expedirse mandamientos de pago a ejecutantes y perjudicados por delitos o transferirse multas al Tesoro Público.
En estos 17 días de huelga ha crecido la tensión y se han sucedido las peticiones de dimisión tanto del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, a quien acusan de "juego sucio, mentiroso y hostil", como de la propia ministra por su "inoperancia" en el conflicto (ayer mismo en el Pleno el Congreso Llop acusó al PP de querer instrumentalizar la protesta).
Además, a los conocidos efectos que el paro está teniendo entre abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, fiscales, jueces y, sobre todo, ciudadanos -se estima que recuperar el retraso acumulado podría llevar cuatro meses-, la reunión de este jueves tendrá como elemento central las demandas salariales. En Justicia defiende que la adecuación de los presupuestos generales de 2021 ya supuso una "subida sin parangón" de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas.
Sin embargo, los letrados judiciales se quejan que este complemento fue tan solo 10 euros superior al asignado a funcionarios de menor rango y que los acuerdos sindicales no afectan al grueso de la carrera, mayoritariamente representada por asociaciones profesionales propias. Según el colectivo, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos gana poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500 euros, aunque la media, según Justicia, es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone de media el 65% de los que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que aumenten al 85%.
