Una consultoría zaragozana, implicada en un fraude de préstamos públicos con 20 detenidos
El dinero obtenido, que se destinaba, por ejemplo, a reformar casas de los estafadores, se justificaba ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con una red de sociedades pantalla.
Casi dos años ha estado el Grupo II de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Aragón investigando una trama encaminada a defraudar dinero público. Las pesquisas terminaron el pasado 10 de mayo con la detención de 20 personas en Zaragoza (seis arrestados) y Madrid, en un despliegue simultáneo en ambas provincias. Se las acusa de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental. Dos consultarías, una zaragozana y otra de la capital de España, que actuaban de forma coordinada, eran el nexo.
Para el despliegue policial, el Grupo de Blanqueo de Capitales de Zaragoza contó con la colaboración de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en una operación en la que se realizaron dos entradas y registros en las sedes sociales de las gestorías, interviniendo documentación relacionada con la investigación y diverso material informático.
Las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia efectuada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por un posible delito de fraude en subvenciones debido al impago de un préstamo Reindus de 900.000 euros concedido a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza.
Tras una investigación que se prolongó durante meses se detectaron nuevas sociedades beneficiarias de préstamos públicos, relacionadas con dos gestorías.
La investigación policial pudo comprobar cómo el dinero procedente de los préstamos públicos no fue destinado al fin para el que fueron concedidos, principalmente para inversiones de desarrollo empresarial, sino que era desviado para realizar reformas en los propios domicilios particulares de los investigados.
Para justificar los proyectos objeto de estos préstamos públicos ante el Ministerio contaban con una serie de facturas emitidas por sociedades pantalla, sin capacidad para realizar los trabajos que se les imputaba, ni trabajadores, ni actividad real.
Los cabecillas de la organización eran los apoderados de la consultora financiera localizada en Madrid, especializada en la consecución de subvenciones y préstamos públicos pero cuyo asesoramiento iba mucho más allá de la mera tramitación de ayudas públicas. Además, aportaban la infraestructura societaria ficticia para respaldar estos proyectos y resultar altamente beneficiados con las comisiones obtenidas por los préstamos públicos obtenidos.
Los responsables de esta consultoría situaban al frente de estas sociedades pantalla a personas de su confianza, que actuaban como testaferros que recibían una prestación económica únicamente por ser administradores o socios de cada una de estas mercantiles.
El modus operandi utilizado era el siguiente: la consultora se encargaba de solicitar la ayuda pública al Ministerio de Industria y a su vez, se encargaba de justificar el gasto frente al propio Ministerio. Para ello establecía una facturación ficticia entre la sociedad destinataria del préstamo y las sociedades pantalla por maquinaria vieja que se encontraba ya instalada en las naves de la mercantil solicitante.
También se han localizado préstamos públicos otorgados a sociedades controladas por los principales acusados. En este caso, las sociedades beneficiarias, tras abonar dos o tres cuotas de la ayuda, dando apariencia de solvencia al Ministerio, eran traspasadas a personas relacionadas y posteriormente concursadas, por lo que la deuda contraída con las administraciones públicas nunca se hará efectiva.
