El Rey ha sido firme de nuevo al defender la preeminencia de la Ley. «No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho», ha dicho en contra del argumento de los secesionistas catalanes, que se saltaron el ordenamiento jurídico. Felipe VI, en su condición de Jefe del Estado, se confirma día a día como el primer defensor de la Constitución.

Mientras en el Tribunal Supremo, el exconsejero catalán Josep Rull, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, justificaba su desobediencia al Tribunal Constitucional con un supuesto mandato popular, don Felipe insistía ayer de nuevo en que es precisamente el Estado de derecho el que garantiza la libertad y la democracia. En un discurso cargado de mensajes sobre Cataluña, defendió en el Congreso Mundial del Derecho que «sin democracia, el derecho no sería legítimo, pero sin derecho la democracia no sería real ni efectiva». Precisamente por su labor en defensa del Estado de derecho, recibió el Premio Mundial de la Paz y la Libertad de la World Jurist Association.

Efectivamente, sin imperio de la ley no puede haber instituciones democráticas. Así figura explícitamente en la Constitución de 1978 en su artículo primero. El Estado de derecho significa que el poder y los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de manera que, según la frase clásica, ‘gobiernan las leyes y no los hombres’. Por eso, los políticos catalanes responsables del ‘procés’ están siendo juzgados con todas las garantías procesales por sus actos, no por sus ideas. No se les acusa por ser independentistas, sino por haberse comportado como gobernantes despóticos cuando intentaron acabar con los derechos civiles, las libertades ciudadanas y hasta los espacios públicos de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que no comulgan con el credo secesionista.