Después de ocho meses de mantener a España en una fase de inestabilidad política por su debilidad parlamentaria, Pedro Sánchez convoca por fin elecciones generales para el 28 de abril, menos de un mes antes de las autonómicas, municipales y europeas. Se trata de un ciclo electoral intenso y complejo que debe servir para que todas las instituciones salgan reforzadas con el objetivo de afrontar de una vez los desafíos políticos y económicos a los que nos enfrentamos como país.

La decisión del presidente del Gobierno, dentro de sus atribuciones constitucionales de adelantar las elecciones y llamar a las urnas a los españoles, cierra el experimento gubernativo que nació de la moción de censura de junio del año pasado y abre la vía para que una renovación de las Cámaras propicie la formación, por fin, de un gobierno estable después de tres años y medio de parálisis por la debilidad de los sucesivos ejecutivos. No obstante, alcanzar esta estabilidad no va a ser una tarea sencilla. Para empezar, los sondeos apuntan a una reedición del escenario de bloqueo en el que vive el Parlamento desde que la irrupción de los nuevos partidos y el desafío independentista en Cataluña acabaron con el bipartidismo sobre el que ha crecido la democracia española en las últimas cuatro décadas. Serán necesarios pactos postelectorales. Pero la forja de estas alianzas se complicará inevitablemente a la espera del resultado de las municipales y autonómicas, fijadas para el 26 de mayo. Por todo ello, es necesario que los partidos aborden las campañas tanto con programas bien detallados como con un plano de posibles alianzas bien definido. Los ciudadanos deben tener pleno conocimiento de para qué va a servir su voto. Además, los partidos tendrán que hacer una demostración de coraje político para situar los intereses del país por encima de los suyos propios. La estabilidad y la fortaleza del nuevo Gobierno exigen que todos estén a la altura de las circunstancias.

El imprescindible adelanto electoral conduce a España a un escenario de cinco partidos de implantación nacional en el que los dos mayores, PSOE y PP, deben hacer un esfuerzo por mantener la centralidad. La polarización no es buena para el país ni permite abordar reformas de calado con la seguridad de que perdurarán más allá de una legislatura. No parece lógico que el PP y Ciudadanos prefieran entenderse con la extrema derecha antes que con el PSOE. Ni tampoco es fácil de asimilar que los socialistas den prioridad a la alianza con Podemos, partido alejado de algunos de los principios nacidos del consenso de 1978, y los secesionistas antes que con las fuerzas constitucionalistas. La obligación de todos es dar ahora al Estado la máxima capacidad de respuesta porque es precisamente hoy cuando más la necesita.