El juez José de la Mata ha enviado a juicio a 88 personas por el caso Madeja o Fitonovo, sobre la adjudicación irregular de contratos a esta empresa sobornando a funcionarios, y al PSOE e IU por lucrarse de los beneficios de la trama en el Ayuntamiento de Sevilla.

Se trata de una trama que afectó a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas, y se extendió, además de  por toda Andalucía, por Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión, la apertura de juicio oral, en siete autos que corresponden a las siete piezas en las que se divide esta causa, de la que en su día se inhibió en favor de este tribunal la juez que instruyó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya.

En estas resoluciones, el juez reprocha a la Fiscalía y, en menor medida, a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto a algunos investigados, que llegaron a ser un centenar, lo que obliga a archivar la causa para ellos.

Este caso, que ha sido calificado como "el paradigma de la corrupción de cargos intermedios", al ser los procesados cargos públicos, funcionarios y técnicos, se centra en la infraestructura que se creó en torno a la empresa Fitonovo para la obtención de contratos irregulares mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos a lo largo de 15 años (desde 1995 hasta 2013).

De la Mata atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo -la misma por la que se condenó al PP en el caso Gürtel- en la pieza relativa a los contratos que obtuvo Fitonovo del Ayuntamiento de Sevilla.

Les considera responsables civiles por haberse beneficiado "de la conducta amañada por las personas investigadas" en las cantidades de 159.839 y 155.000 euros, respectivamente.

Según relata el juez en la pieza denominada "Ayuntamiento de Sevilla", el PSOE e IU, con las maniobras de los procesados, "consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)".

Tres de los investigados en esta pieza, José Manuel García Martínez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, recibieron "155.000 euros de Fitonovo, para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron".

En concreto por la adjudicación de "11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas -36.000 euros-), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz del grupo municipal de IU y concejal de Deportes".

De igual manera, otros dos imputados, Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo, consiguieron que Fitonovo, "a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera "el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena" del PSOE, así como otros pagos en efectivo.

El juez lamenta que la Fiscalía no haya acusado a algunos investigados y que a varios de ellos no les acuse de determinados delitos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Según explica en la pieza principal, hubo asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron y ejecutaron toda la estrategia criminal de blanqueo de los restantes acusados y, sin embargo, "el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas".

"Esto es difícilmente comprensible", subraya el juez, quien añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados "diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro", propietaria de Fitonovo.

La empresa, creó una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, conformando "una red de contactos con funcionarios corruptos" y "creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago" de los sobornos, para lo que contaba con una caja B.

La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados,"llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".

Según informó en su día la UCO, en Zaragoza se produjeron dos detenciones en 2014: el gerente de mantenimiento de Adif, cuyas iniciales son J.A.G.P., y  un trabajador jubilado de la misma empresa, M.A.M.T. A ambos se les investiga por la realización de contratos irregulares. Por ello, la sede de Adif en la capital aragonesa fue registrada.