Zaplana abandona el hospital La Fe tras recibir el alta

El exiministro Eduardo Zaplana ha recibido esta mañana el alta del hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde el pasado 18 de diciembre y, a partir de ahora, será atendido por la Unidad de hospitalización a domicilio, según han indicado a Efe fuentes sanitarias.

La jueza que instruye el conocido como caso Erial acordó el pasado jueves la libertad provisional para Zaplana, quien entró en la cárcel de Picassent el 24 de mayo de 2018 como investigado por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, aunque ha estado hospitalizado desde mediados de diciembre a causa de la leucemia que padece.

La jueza levanta parcialmente el secreto del sumario

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso Erial, concretamente hasta el folio 3.043 del tomo séptimo, según consta en un auto fechado el pasado viernes al que ha tenido acceso EFE.

En el mismo auto se prorroga el secreto de las actuaciones respecto al resto del sumario, "habida cuenta de que falta por recibir y analizar toda la documentación obtenida en las diversas comisiones internacionales practicadas".

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Además de Zaplana, que este lunes ha recibido el alta hospitalaria y está en libertad provisional, se hallan procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

En su escrito, la jueza expone que, entre la información que queda por recibir, "podría obtenerse información necesaria para la instrucción y de la que podría devenir la práctica de nuevas diligencias".

"La publicidad de toda la causa obligaría a dar acceso a todo lo intervenido a las partes personadas, que sabedoras de lo que deben buscar harían que fuera ineficaz lo que se pudiese encontrar", señala para aludir además al elevado volumen de documentación incautada y a la limitación de personas para analizarla.

"Son varias las sociedades que están siendo objeto de investigación", añade, mientras que los investigados, "tanto en el momento de su detención como en la puesta a disposición del juzgado, fueron informados de forma genérica por las fuerzas del orden y por esta instructora".

Por otra parte, la jueza insiste en que los investigados "son conocedores de su propia actividad, pues a algunos de ellos se les encontró en el momento de la detención documentación relativa a varias de las sociedades del entramado investigado".

El levantamiento parcial del secreto de las actuaciones contrasta con la posición expresada por la jueza y el fiscal anticorrupción hasta hace unas semanas.

En varios escritos, el Ministerio Público se opuso al levantamiento del secreto porque "ninguno de los investigados había realizado acto alguno que indicase colaboración con la Justicia" en una causa "compleja", en la que se investiga "un entramado societario nacional e internacional para la ocultación de bienes obtenidos de forma ilícita".

En esos mismos escritos, el fiscal subrayaba "la gravedad de los delitos objeto de investigación y la posición institucional que han ocupado buena parte de los investigados, la mayoría de los cuales se encuentra en libertad".