Cuando se acerca el juicio más importante de la reciente historia democrática de España, el llamado juicio al ‘procés’, vuelven las sombras sobre la gestión diplomática internacional del Gobierno. La inactividad de la política internacional española ha sido una constante de los sucesivos Gobiernos, de Rajoy a Sánchez. Debo reconocer que fui de los que aplaudí con entusiasmo el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Exteriores y que, a fecha de hoy, me miro la palma de las manos preguntándome de dónde surgió mi entusiasmo. Por lo que parece, debió salir de ver al ahora ministro pidiendo parlamentarismo y Constitución en la histórica manifestación de octubre de 2017 en Barcelona. Más que de un análisis riguroso.

Mientras Borrell, un jacobino para los separatistas, se hacía cargo de la cartera de Exteriores, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaban en Lledoners reabrir las delegaciones internacionales que le sirven como embajadas a la causa secesionista. No sé si dentro de Lledoners o a las afueras de Lledoners, en eso que antes llamábamos Palau de la Generalitat. Desde esas estructuras y ante la inacción de las embajadas españolas se ha inoculado la duda, en una parte de la opinión internacional, acerca de si el proceso al ‘procés’ goza de todas las garantías para los encausados. De todas las garantías legales nacidas de la legitimidad de la Constitución que quisieron dinamitar, claro.

Mientras los constitucionalistas discutimos sobre el sexo de los ángeles, la maquinaria de propaganda separatista, bien nutrida con nuestros impuestos, hacía su trabajo. Achacar la responsabilidad al ministro de Exteriores sería, en cualquier caso, injusto. Borrell no es sino Margallo y Margallo no era más que Borrell. Borrell es un conferenciante mudo y Margallo era un mudo conferenciante. Ambos son herederos de la dejación del constitucionalismo vendiendo país en el exterior. La responsabilidad de los gobiernos del PSOE y del PP es idéntica.

Hasta tal punto el independentismo está ganando por incomparecencia en la opinión internacional que el Tribunal Supremo ha recibido un aluvión de peticiones de los más variopintos ‘observadores internacionales’, como si España, que es un Estado de derecho como la copa de un pino, tuviera la tradición jurídica y legal de Egipto o Venezuela. No estaría mal, por cierto, que el presidente del alto tribunal indicara asignar un espacio en la sala a la organización que pueda acreditar mayor solvencia e independencia. Quedarán gratamente sorprendidos de nuestro sistema judicial y legal, repleto de garantías para la defensa como cualquier otro de entre los mejores del mundo.

Los partidos que representan el constitucionalismo español deben aunar esfuerzos para fortalecer nuestra diplomacia en Europa y el mundo. No basta solo con cerrar las delegaciones de la Generalitat en el extranjero que sirven a la propaganda secesionista -algo que podría hacerse mañana mismo si el Gobierno tuviese voluntad para ello-, sino que hay que poner a nuestras cancillerías a hacer pedagogía. Todo no depende de la mayor o menor voluntad o acierto del ministro del ramo, sino de que los constitucionalistas tomemos conciencia de que en el mundo global nadie, si no lo hacemos nosotros, va a defender la verdad. Y la verdad no es otra que la de que España está entre los países con mayores estándares de calidad democrática del mundo, y nuestra Justicia, pese a los pocos medios de los que dispone en relación a los países que nos superan, está entre las que mayores garantías ofrecen en todo el mundo. Mientras tanto el BOE de ayer publicaba la provisión de plazas de jueces. De Cataluña se van cinco. No llega ninguno.

Ha llegado la hora de dejar de preguntarnos qué queremos ser, si la nación de nacionalidades confederal de repúblicas que la izquierda no es capaz de explicar en menos de treinta horas y tres mil contradicciones o la nación única y cerrada a Europa y al mundo de la derecha más rancia. Hay que centrase en lo que somos: una de las naciones más avanzadas. Y hay que contarlo y explicarlo en la esfera internacional más que nunca. Por exigencia de los tiempos globalizados y como medicina a nuestro mayor problema social, político, económico, legal y cultural: el secesionismo.