La Diputación Permanente del Congreso decide este lunes si llama a comparecer a Pedro Sánchez y 13 ministros

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos nos ordinario de sesiones, decidirá este lunes si atiende las 39 peticiones que ha registrado la oposición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 13 de sus 17 ministros comparezcan en los próximos días.

El grueso de las solicitudes llevan la firma del PP, que pide cuentas a más de medio Ejecutivo por diversos asuntos y además quiere que Sánchez informe ante el Pleno del Plan de Contingencia que prepara para un 'Brexit' sin acuerdo.

Los de Pablo Casado también piden una sesión monográfica para que el presidente explique "las cesiones" que, sospecha, acordó con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado mes de diciembre en Barcelona. El PP forzó el pasado la celebración un Pleno en el Senado sobre este mismo asunto pero Sánchez se negó a comparecer en la Cámara Alta porque no se había pactado la fecha con Moncloa.

Ábalos, el más reclamado

El ministro más reclamado por la oposición es el de Fomento, José Luis Ábalos, que acumula hasta nueve solicitudes. El PP le exige explicaciones sobre el conflicto en el sector del taxi y los VTC, la situación de las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Extremadura, las consecuencias que tendrá el 'Brexit' en las comunicaciones españolas y la prohibición de zarpar de Barcelona al buque de salvamento de migrantes en el Mediterráneo 'Open Arms'.

De su lado Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto quieren que Ábalos informe tanto del 'Open Arms' como del 'Aita Mari', inmovilizado a su vez en el Puerto de Pasajes (Vizcaya); Compromís le pide cuentas por el mal servicio de las Cercanías en la Comunidad Valenciana y el grupo confederal busca citarle por la madrileña 'Operación Chamartín'.

Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han registrado un total de seis solicitudes de comparecencia. El PP demanda su presencia para que explique el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas, la autorización a la Generalitat para la compra de "800 armas de guerra" para los Mossos d'Esquadra, así como por su actuación ante los disturbios que han rodeado a la huelga de taxistas, y su gestión del asunto del 'Open Arms'.

De su lado, Unidos Podemos aspira a que Marlaska rinda cuentas por la deportación a Marruecos de Husein Bachir Brahim, defensor saharaui de Derechos Humanos, mientras que ERC y PDeCAT intentarán que comparezca para responder por las detenciones sin orden judicial a independentistas realizadas por la Policía el pasado 16 de enero.

Desmantelamiento del Estado

El PP y Ciudadanos defenderán el lunes que la Comisión de Política Territorial y Función Pública reciba a la ministra Meritxell Batet para el futuro traspaso de 33 competencias al País Vasco, incluidas las prisiones. Los 'populares' también quieren citarla por "el desmantelamiento de la presencia del Estado en Cataluña en los Presupuestos para 2019", así como para saber qué piensa hacer para evitar que se obligue a hablar en catalán a los funcionarios de Justicia de Baleares cuando esta comunidad no tiene competencias en ese ámbito.

Por este mismo tema solicita el PP la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también quiere que justifique el cambio de Barcelona a Madrid del acto de la entrega de despachos judiciales que tuvo lugar a principios de enero.

Dos peticiones de comparecencia, ambas del primer partido de la oposición, afronta el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al que quieren en la comisión del ramo para que el Gobierno se posicione sobre la situación que se vive en Venezuela y ante la Mixta de la Unión Europea para hablar del plan de contingencia para el Brexit.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, debe acudir a la Cámara, según el PP, para explicar la autorización al Gobierno de Torra para que adquiera armas para los Mossos, y en opinión de Unidos Podemos, ha de hacerlo para informar de cómo están los trámites para la construcción del astillero 4.0 en Ferrol.

Las cotizaciones de los becarios

La comparecencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la reclaman por un lado el PP, para que informe del plan de retorno voluntario de inmigrantes a Mali; y por otro el ERC y el Grupo Mixto por el 'Open Arms' y para que avance qué medidas va a aplicar para compensar a los Centros Especiales de Empleo por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

El PP ha registrado también una petición para que, tanto el ministro de ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, como la titular de Educación, Isabel Celaá expliquen el impacto que tendrá la decisión de obligar a que los becarios coticen a la Seguridad Social. Unidos Podemos también reclama que Celaá exponga sus planes para derogar la LOMCE.

En Marea intentará que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rinda cuentas por la caída de las inversiones para Galicia en los Presupuestos para 2019 y Unidos Podemos que la titular de Industria, Reyes Maroto, explique qué piensa hacer para asegurar los puestos de trabajo en Alcoa y por qué ha suspendido el diálogo con el comité de empresa de la Naval (Sestao).

Los viajes secretos de Sánchez

Los de Pablo Casado solicitan, asimismo, explicaciones al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, sobre las subvenciones que da la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Por su parte, Compromís demanda que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, exponga ante la Cámara su posición ante la grave situación del sector cítrico provocada por la importación de cítricos de terceros países.

Por último, el PP también reclama una sesión extraordinaria de la Comisión del Pacto de Toledo, para que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, concrete qué plana hacer el Gobierno con la edad real y efectiva de jubilación y del subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, informe sobre "la censura y crítica al Presidente del Gobierno, por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes".