Cuestión de Estado

Agitar el fantasma de que un Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía es un retroceso en la lucha contra la violencia de género es mentir para crear miedo, #es perjudicar una de las causas más justas que hoy pueden defenderse.

No se debería diluir el consenso institucional en torno al pacto contra la violencia de género.
No se debería diluir el consenso institucional en torno al pacto contra la violencia de género.
F. P.

En el deporte no hay nada más patético que el mal perdedor. Susana Díaz se ha hecho la ‘foto finish’ del mal perder y se ha subido al pódium de la nada. Susana y su decisión de fletar autobuses del PSOE para rodear el Parlamento andaluz bajo pretexto de estar defendiendo a las mujeres del "terrorismo machista" de Vox, PP y Ciudadanos cambian la vieja definición de la política como arte de lo posible a la de hacer lo imposible por deporte. La pataleta infantil y estéril de Díaz evidencia la utilización que una parte de la izquierda hace de la noble lucha por la igualdad de la mujer. No cabe mayor ataque a la defensa de la igualdad de la mujer y a la debida solidaridad y apoyo a las víctimas de violencia de género que diluir el consenso institucional y político ya alcanzado en la ciénaga de los intereses más particulares. De uno u otro lado.

Las concentraciones del martes no pudieron ser señaladas en peor día. Introducir la lucha partidista en la legítima lucha por la igualdad es duro para su credibilidad. Flaco favor a las mujeres y al conjunto de la sociedad. Y da argumentos -malos argumentos, pero argumentos- a quien pretende romper el consenso político existente, es decir, a Vox. Si la izquierda convierte la lucha de géneros en la nueva lucha de clases el combate desde la extrema posición contraria será idéntico. De momento, del mismo modo que en su día se acusó a los sindicatos de recibir subvenciones millonarias porque servían como ariete político, ya hay quien pide revisar la utilidad de las subvenciones para la igualdad y contra la violencia a las mujeres de un buen puñado de asociaciones feministas. Malos argumentos pero argumentos.

Desde la izquierda hay un mensaje contradictorio clarísimo con la violencia de género. Se practica la autocensura a la hora de aportar datos sobre el origen, la religión, clase social o nivel educativo de los agresores. No entro en el debate de si es o no conveniente tener todos los datos para trabajar mejor. Comprendo que hay que huir de cualquier estigmatización social. Sin embargo, hay que ver cómo chirría que los defensores a ultranza de que el origen o la religión no son determinantes para detectar mayor o menor riesgo en el individuo tengan tan claro que lo que sí determina una patología peligrosa digna de denunciar, aislar y extirpar sea… que el individuo sea de derechas o de centro derecha. Tan incoherente como falso.

En noviembre de 2016, el Congreso instó al Gobierno a promover un pacto de Estado en materia de violencia de género. Participaron el Gobierno de Rajoy, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Como se ve, un pacto en el que han participado las más diversas administraciones e instituciones gobernadas por todos los partidos políticos (excepto Vox, entonces inexistente). Como reza el propio pacto su función es combatir toda violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada. El pacto dice que la violencia contra la mujer es una cuestión de Estado porque constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

España, con gobiernos del PSOE y del PP, ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género. Hay un consenso unánime en toda la sociedad española y en todas las fuerzas que están hoy en el arco parlamentario de que la violencia contra la mujer es un problema capital. Queda camino por recorrer: esfuerzos para tratar mejor a las víctimas, para que se sientan amparadas y no estén solas ni en la sociedad que debe protegerlas ni en un juzgado. Es obligación de los poderes públicos cubrir esas necesidades y erradicar la lacra. Agitar el fantasma de que un Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía es un retroceso en esa lucha es mentir para crear miedo. Es asustar para movilizar a tus desmovilizados. Es intentar manipular. Es perjudicar una de las causas más justas y nobles que hoy pueden defenderse.