Permítanme este título provocador que evoca la frase «es la economía, estúpido», muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de Estados Unidos. Ahora, en un año 2019 caracterizado por importantes procesos electorales, quizá conviene ir fijando criterios políticos. Si en 1992 era la economía lo que más impacto generaba sobre el debate ideológico, creo que, en pleno siglo XXI, es momento de reivindicar a la ciencia como principal eje de la discusión de ideas políticas. Una sociedad con vocación de transformación y de crecimiento estable y solidario debe hacer de la ciencia la principal palanca de cambio por varios motivos.

La ciencia, en sus distintas vertientes, es un elemento clave de captación de talento, lo que puede fomentar el retorno de tantos investigadores españoles ‘exiliados’ por la crisis. Contar con un colectivo amplio de agentes dedicados a actividades científicas, además de prestigiar la marca España, potencia la captación de recursos financieros que pueden permitir la creación de estructuras fijas de conocimiento, consolidando empleo de calidad y generando, además, una mejora de las empresas y de los trabajadores vinculados secundariamente a estas actividades. La ciencia, así, no solo genera soluciones a necesidades, sino que crea riqueza y mejora la calidad del empleo.

Para ello, además de mejorar la financiación, pública y también privada, desde la convicción de que es la mejor inversión (y nunca un gasto), la ciencia debe diseñarse como una verdadera política de Estado. A más y mejor desarrollo de las actividades científicas en España se obtendrá más y mejor calidad económica y social. Lo que, de forma indirecta, puede ayudar definitivamente en la consolidación del necesario proceso de regeneración política en España.

Asimismo, debe superarse la innecesaria burocratización de los procesos científicos (en muchas ocasiones la multitarea del investigador en cuestiones menores ajenas a su propia función y misión se convierte en una clara disfunción) que resta capacidad de atraer recursos financieros y personales. La ciencia necesita flexibilidad y ciertas reglas singulares que permitan acelerar y no frenar los resultados.

Trabajar y fomentar el trabajo en red, la cooperación, debe ser otra de las señas de identidad del desarrollo científico en España (hay que superar nuestra tradicional tendencia al individualismo), que debe caracterizarse por la suma de esfuerzos y no la competencia de los ránquines.

Por supuesto, es importante que la sociedad ponga en valor la actividad científica que se desarrolla, lo que aconseja, también, una estrategia de comunicación y divulgación efectiva que explique a los ciudadanos la importancia de esta función (que supone importantes esfuerzos, no reconocidos por desconocimiento).

Hacer de la ciencia la principal estrategia política tendrá importantes consecuencias sobre nuestro modelo educativo (paso previo imprescindible de toda persona con potencialidad científica). Apostar por un modelo educativo moderno, que fomente conocimiento, curiosidad, sensibilidad hacia lo diferente, tolerancia y esfuerzo, es esencial para cultivar el espíritu científico y la forma de afrontar las distintas encrucijadas vitales.

Aprovecho, pues, estas líneas para hacer de altavoz, ante la sociedad y los políticos, sobre la potencialidad de la ciencia y reclamar mayor inversión real (España nunca ha invertido en actividades I+D más del 1.4% de su PIB, entre la mitad y un tercio menos de lo que invierten países de referencia de la OCDE anualmente desde hace ya décadas, y muy lejos del 2% recomendado) para evitar el escenario de un colapso científico. Ojalá el debate ideológico de los próximos meses supere la actual crispación, el reproche como seña de identidad de una forma arcaica de hacer política o el insulto como respuesta a lo diferente. En esa esperanza me atrevo a reclamar para la próxima discusión electoral como idea fuerza el «¡es la ciencia, estúpido!».

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza