El fantasma de la corrupción

El pasado día 9 de diciembre se celebraba el Día Internacional contra la Corrupción, con el que, desde Naciones Unidas, se pretende sensibilizar a la opinión pública respecto de este problema (que en modo alguno puede ser calificado como un mantra). Por corrupción entendemos, en las organizaciones públicas, la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Es decir, el concepto va más allá de la comisión de actividades tipificadas como ilícitos penales y es un fenómeno que, no por conocido, debe ser asumido como algo consustancial a la propia sociedad.

La corrupción, como explica Naciones Unidas (Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, celebrada en Nueva York el 31 de octubre de 2003), debe ser combatida, pues suele ser la causa de muchas de las injusticias sociales existentes. Y, además, tiene como consecuencia, que no puede ser ignorada, la corrosión del propio Estado de derecho.

Además, en un contexto de restricciones presupuestarias y crisis económica, la corrupción presenta su rostro más dañino, pues la mala utilización de los recursos obliga a recortes en las políticas públicas más características del Estado social -educación, sanidad, servicios sociales, etc.- y agrava las desigualdades sociales. Y todo ello, en su conjunto, cuestiona la propia legitimidad democrática del Estado, en tanto se extiende la idea de que la respuesta del poder público a las demandas sociales es inequitativa (lo que supone un coste reputacional sobre la ‘marca’ institucional del país en cuestión, le retrae inversiones y apoyos financieros y merma su competitividad).

Ante esta situación no valen posturas conformistas, que asumen que la corrupción es un mal necesario y que aporta incluso ventajas económicas. Ni negacionistas, que, al igual que aquellos que ahora niegan ¡que la Tierra sea redonda!, cuestionan la existencia del fenómeno, alegando que no hay datos al respecto y descalificando las informaciones y documentos que avalan su existencia. Ni, por supuesto, alarmistas, que, sin un riguroso análisis de los datos, informan de una dimensión claramente inadecuada (como sucede con el reciente informe ‘Los costes de la corrupción en Europa’ elaborado por los Verdes, que imputa un ‘coste de corrupción’ a España de 90.000 millones de euros, claramente desproporcionado).

Ante el fenómeno de la corrupción hay que adoptar posturas proactivas, más racionales y menos populistas, que, desde una política activa de carácter transversal, se ocupen y preocupen de establecer un diagnóstico adecuado, no partidista, para incorporar medidas que ayuden a mejorar la situación, actuando desde la lógica de la prevención.

En España, la corrupción existe aunque es esencialmente política y no administrativa. Y ello pese a que, como explica Jiménez Asensio (‘Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones’, Marcial Pons, 2016), habrá pocos países en el mundo que dispongan de una estructura institucional tan prolija de mecanismos de supervisión y control del poder o de lugares institucionales en los que sus gobernantes hayan de rendir cuentas (al menos, formalmente) del ejercicio de sus funciones. El sistema institucional de control no ha permitido frenar importantes casos de corrupción, que solo están siendo combatidos desde el derecho penal (sirvan como meros ejemplos recientes, la trama Gürtel, a nivel nacional, o el caso Plaza en Aragón). Esta incuestionable disfunción exige una adecuada y efectiva respuesta, alejada de la mera justificación de la prevalencia del principio democrático, por cuanto supone negar la separación de poderes, esencial en todo país democrático de derecho.

La necesaria regeneración democrática, que ahora parece que se asume como reto de primer orden desde todas las formaciones políticas (aunque algunas actuaciones parecen cuestionar tal intención), exige convicción para adoptar el cambio del modelo político necesario, que ponga el acento en la ética pública para rediseñar una arquitectura institucional inteligente de prevención de la corrupción (no es suficiente con soluciones formales o meramente burocráticas ya conocidas e ineficaces), pues solo así, como sabiamente advirtiera el profesor Lorenzo Martín-Retortillo, se podrá alejar de una vez por todas el fantasma de corrupción.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza