El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha urgido este jueves al traspaso a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria y ha alertado de la falta de facultativos para las cárceles, donde hay 184 vacantes de las 491 plazas existentes.

Ortiz ha hecho estas manifestaciones en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha ofrecido la explicación de esa carencia: la notable diferencia retributiva entre los médicos que trabajan en las cárceles y los que lo hacen fuera, siempre a favor de estos últimos.

"La situación en este momento -ha enfatizado- pone de manifiesto una falta importante de recursos humanos sanitarios penitenciarios, especialmente de facultativos".

Porque de los 491 puestos de trabajo de facultativos penitenciarios, no están cubiertos 184.

El responsable de Instituciones Penitenciaras ha recordado que, a pesar de estar establecido en la ley, sólo País Vasco tiene transferida esa competencia.

Ha añadido que en la Oferta Pública de Empleo de 2017 se ofertaron 17 plazas de facultativos y solo se cubrieron 12, y ha advertido de que las 35 ofertadas en 2018 "serán difícilmente cubiertas, ya que existe una diferencia retributiva importante en el salario de los facultativos según trabajen dentro o fuera de la prisión".

Y no solo eso. Ortiz ha señalado que en los próximos tres años el 56 % de los médicos tendrán entre 60 y 65 años y podrán solicitar jubilación anticipada.

Para Ortiz, la solución pasa por homogeneizar la asistencia sanitaria que deben recibir los internos, que debe ser igual a la del resto de los ciudadanos, para lo que es necesario que se ejecute ese traspaso a cada comunidad, como él mismo expresó en el último Consejo Interterritorial de Salud.

Ha reconocido que no fue muy bien acogida su propuesta, si bien ha precisado que ya hay negociación abierta para ese traspaso con Navarra y cree que hay buena disposición por parte de la Comunidad Valenciana.

De todos modos, ha insistido en que ese traspaso lleva ya 14 años de retraso y ha lamentado que las relaciones con las comunidades por la atención sanitaria ambulatoria y hospitalaria de los presos sea a través de litigios.

Unos litigios que actualmente arrojan un saldo a favor de 8.705.000 euros para Instituciones Penitenciarias y de 8.600.000 para las autonomías, según Ortiz, quien ha resaltado la diversidad de criterios, ya que en autonomías como Andalucía se da la razón a Prisiones a la hora de que el gasto repercuta en la comunidad y en la de Madrid se la quita.

Por eso, Ortiz está "deseando" que el Tribunal Supremo aclare en qué presupuesto debe repercutir.