Los fiscales alertan del archivo de causas por la limitación en los plazos de instrucción

Este colectivo, junto al de los jueces, harán huelga el próximo lunes, 19 de noviembre.

Una imagen de los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid.
Detenido en Madrid uno de los mayores pederastas de España tras una discusión en los juzgados
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha alertado este sábado de que los plazos limitados para la instrucción de las causas penales están llevando a que algunas se archiven o a que se abra juicio oral sin haber concluido la investigación, abriendo espacios de impunidad.

En un encuentro con los medios con motivo de la celebración de su congreso anual, los responsables de la APIF, minoritaria en el sector, han reivindicado de nuevo la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un clamor de todas las asociaciones de fiscales que, junto a las de jueces, han convocado una huelga para este lunes.

Entre sus peticiones destacan las reclamaciones laborales y salariales, pero los fiscales hacen hincapié también en la necesidad de derogar un artículo que se introdujo en la ley hace tres años con el objetivo de agilizar la justicia pero que, advierten, al no haberse dotado a los juzgados de más medios, está afectando a muchos procesos y creando inseguridad jurídica.

"Es como si se le dijera a un cirujano: tienes tres horas para operar", denuncian desde la APIF para explicar que ni jueces ni fiscales -encargados por la ley de pedir la prórroga de los plazos- puede determinar cuánto van a tardar unas diligencias o si en ellas se van a descubrir hechos que obliguen a nuevas investigaciones.

El pasado octubre, recuerdan, la Audiencia de Granada anuló un año de investigación -en el que se habían practicado una veintena de detenciones- en la causa que se sigue por posibles contrataciones ilegales en la Alhambra al comprobar que se había superado el plazo de seis meses para la instrucción y que la prórroga se había solicitado fuera de plazo.

El artículo 324 de la Lecrim, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha alertado ya de que el 6 de diciembre se cumplirán tres años de su entrada en vigor y será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a esa entrada en vigor.

A su juicio, la norma no sólo abrió "un riesgo cierto de impunidad" sino que supone también "una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas".

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha reclamado la derogación de ese artículo y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, coincide en la necesidad de reformarlo y acusa al PP y a Ciudadanos de mantener congelada en el Congreso una proposición de ley con ese objetivo pidiendo sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.

Además de la derogación del artículo, el portavoz de APIF, Miguel Pallarés, ha recordado las reivindicaciones de mejoras retributivas de todas las asociaciones de jueces y fiscales y ha criticado la falta de respuestas en el Ministerio de Justicia, "incapaz de actuar" por no contar con margen presupuestario y por la "debilidad política" del Gobierno en el Parlamento.

El único acuerdo en materia de Justicia por el momento es el "reparto" de los vocales en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) con el PP, denuncia APIF, que apoya los recursos anunciados por dos asociaciones de jueces contra el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del órgano de gobierno de los jueces.

Celáa confía en el diálogo

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha manifestado su "plena confianza" en que la huelga y las protestas en la Justicia podrán reconducirse con el diálogo.

"Tengo plena confianza en que, a través del diálogo entre el Ministerio de Justicia y las personas que han mostrado su desagrado con alguna enmienda introducida en la ley, tengo la confianza absoluta en que eso se va a arreglar y en breve", ha dicho la ministra, antes de inaugurar la Conferencia Política del PSOE de Cantabria.

Celáa ha apuntado que "no solo es un problema de retribuciones", sino de una enmienda incorporada al proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, ha negado que haya "conflicto en la Justicia" y ha subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ha sido pactado y va a ser elegido tal y como dicta la Constitución y la Ley Orgánica".

"Por lo tanto está en línea con lo que significa el ejercicio de la soberanía nacional", ha aseverado, antes de añadir que el Poder Judicial es "un poder independiente" y "del Estado".

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