El Congreso no admite a trámite reprobar al Rey como pedía el PDecAT
También ha rechazado la creación de una comisión de investigación impulsada por IU sobre las actividades del rey Juan Carlos desde su abdicación.
La Mesa del Congreso ha rechazado este martes admitir a trámite una proposición no de ley registrada la semana pasada por el PDecAT con la que pretendía que la Cámara reprobara al rey de la misma forma que lo hizo el Parlament en una resolución que ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Así lo han indicado fuentes parlamentarias, que han explicado que la Mesa ha seguido el criterio fijado por los letrados, según la cual, el Congreso no puede controlar a un poder del Estado ajeno al Gobierno como es el propio Jefe del Estado.
La iniciativa, firmada por la diputada Miriam Nogueras, reclamaba que la Cámara Baja avalara un texto a semejanza del aprobado por el Parlament en el último debate de política general y en el que se condenó la actuación policial durante el 1-O y el papel de la monarquía.
En concreto, el PDeCAT quería que se rechazara y condenara "el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017".
Además, quería que el Congreso manifestara "su compromiso con los valores republicanos, superando el carácter monárquico de la Constitución" y apostara "por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía".
La Mesa de la Cámara Baja también ha rechazado este martes de nuevo admitir a trámite la creación de una comisión de investigación impulsada por Izquierda Unida sobre las actividades del rey Juan Carlos desde su abdicación.
Con anterioridad, el grupo de Unidos Podemos ya había intentado la creación de esa comisión de investigación sobre don Juan Carlos desde el inicio de su reinado, aunque esta última iniciativa ya contemplaba solo el período del 19 de junio de 2014 hasta la actualidad.
Según argumentaba Unidos Podemos, el Congreso debe "determinar las responsabilidades éticas y políticas" de una posible actividad ilícita por parte del rey emérito y no se puede aceptar que pueda seguir beneficiándose de la figura de inviolabilidad una vez que ha abandonado voluntariamente esta posición.
