Gasolina al fuego

Lo que comenzó como una mala gestión jerárquica y gubernativa en el Tribunal Supremo le pasa factura al prestigio de la Justicia. Las sentencias sobre quién paga el impuesto en las hipotecas -que torcían el criterio establecido desde hace dos décadas por el Alto Tribunal- nunca debieron ver la luz. Una vez vista nunca debieron ser anuladas. Una vez anuladas no debieron ser neutralizadas así. No importa el resultado final, eso ya es lo de menos. De hecho, el criterio finalmente fijado es el correcto pero… eso ya ¿a quién le importa?

Los indudables costes en la credibilidad de la Justicia española nos han traído además decisiones políticas sorprendentes. Las reacciones a la mala gestión y decisión del Supremo han oscilado entre la demagogia (en los mejores casos) y el populismo (en los peores). La actividad política no está para aprovecharse de sentimientos sociales legítimos -y más o menos puntuales- como el enfado, el odio, la indignación o la rabia. Está para gestionarlos y trasladarlos de lo emocional a lo racional. La serenidad de la que carecen nuestros líderes políticos es socialmente contagiosa. Combatir al populismo con demagogia es intentar apagar incendios con gasolina.

El ejecutivo y el legislativo pueden modificar lo que consideren oportuno. Es más, no solamente pueden sino que deben acudir al elevado grado de consenso en la opinión que considera que las cosas se han hecho muy mal. Lo que no pueden es mentirnos en su motivación. Si pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en una hipoteca es injusto para los hipotecados y lo único que elimina cualquier duda de que no se grave la economía de las familias es eliminar el Impuesto, ¿por qué se disfraza de un ‘que pague la Banca’ si se sabe que la Banca solo lo pagará formalmente y nos lo repercutirá en la operación hipotecaria? Es tan evidente que la Banca española no va a sufragar el coste del impuesto, que desde que se anunció la decisión del Gobierno nuestros bancos no dejan de subir en Bolsa.

Otra consideración. Si los bancos no concedieran hipotecas y si los ciudadanos no acudiésemos al mercado bancario a financiar nuestras compras, solamente los más ricos podrían tener una vivienda en propiedad. Por eso, entre otras cosas, era tan ridículo el argumento del Supremo en las sentencias ahora enmendadas de que el negocio jurídico, la hipoteca, solo favorecía al banco y… ¡al notario! Si nos cargamos a los odiados bancos y con ellos la concesión de hipotecas, nadie con nuestros salarios y capacidad de ahorro estará en condiciones de comprar una vivienda en propiedad. El 90% de los inmuebles en España acabaría en manos de grandes fondos de inversión y grandes propietarios. Un oligopolio del que pasaríamos todos a ser dóciles inquilinos. Inquilinos y dóciles en un mercado de precios inflamados. La dosis de demagogia es alta cuando se les dice a los ciudadanos que no van a pagar este impuesto. Los únicos impuestos que no gravan la economía de los ciudadanos de un país son los que no existen.

En el ala del cinismo extremo nos encontramos a los que quieren rodear el Tribunal Supremo (físicamente es difícil) e inflamar la calle. Son los mismos que no pregonan ni una sola idea que no suponga o la creación y subida de impuestos o el aumento del gasto. Ya sabemos que el populismo vive de pechos que se incendian y dignidades atacadas, pero hay que tener muy bajo el listón de la coherencia para votar a favor de que se subiera el Impuesto en 2015 (con el país aún en crisis y siendo inequívoco que lo pagaba la gente) y ahora montar el número.

Con muchas instituciones en decadencia y con buena parte de la clase política (que es quien las ha puesto en decadencia) oscilando entre la demagogia y el populismo, es el momento de bajar el balón e intentar grandes reformas, empezando por la Constitución. Pero la pregunta, con este panorama, es: ¿y quién o quiénes lo bajan?