La credibilidad del Supremo

El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás en su polémica decisión sobre quién debe pagar el impuesto al contratar una hipoteca. Finalmente serán los clientes y no las entidades financieras quienes tendrán que seguir pagando el tributo. El Alto Tribunal ha manejado muy mal este asunto. Desde el primer momento debió ser el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y no una sección, quien dictase una sentencia con tantas repercusiones.

El prestigio del Supremo y el propio concepto de seguridad jurídica se han arrastrado por el suelo durante las tres últimas semanas, desde el pasado 18 de octubre, cuando el Tribunal anunció un giro jurisprudencial que establecía que eran los bancos y no los clientes quienes debían asumir el coste del tributo. El revuelo social, político y económico que generó el fallo provocó que solo un día después el propio presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, paralizase su aplicación. Finalmente, el Pleno decidió ayer por 15 votos a 13 rechazar los recursos presentados y volver a la jurisprudencia que había estado vigente durante más de veinte años, y que fija que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) tiene que pagarlo el cliente.

El cúmulo de decisiones contradictorias del Supremo causa perplejidad y estupor por la situación injustificable de inseguridad jurídica que generó y por la indignación social que provoca ahora por su impericia. De hecho, debe interpretarse como un auténtico despropósito la forma como el Tribunal ha manejado ese asunto que afecta a millones de familias, por un lado, y a la estabilidad bursátil de los bancos, por otro. Es necesario que revise sus procedimientos de actuación para asegurarse que siempre sienta jurisprudencia con claridad sobre los efectos de sus sentencias. Y es preciso también elaborar una nueva ley hipotecaria que instaure un marco regulatorio claro, que no dé pie a interpretaciones.