La Justicia en los tiempos líquidos

La seguridad jurídica se invocó cuando el Tribunal Supremo decidió hace quince días que el impuesto sobre actos jurídicos documentados -coloquialmente, el impuesto de las hipotecas- ya no recaería en el cliente, sino que lo pagarían las entidades financieras que prestaban el dinero para comprar una vivienda. Y cabe volver a invocarla ahora, horas después de que el Supremo, en una situación insólita, se haya desdicho y haya vuelto las cosas a la casilla de salida. El problema no se puede reducir, simplistamente, a que gana la banca y pierde el cliente. Todo contrato es un juego de equilibrios, y las entidades financieras hubieran acabado repercutiendo un impuesto que recaudan las arcas autonómicas en el coste de las hipotecas.

Pero el espectáculo de los jueces del Supremo, tan divididos que la resolución de ayer ha sido tomada tras catorce horas de deliberaciones y por dos votos de diferencia -15 jueces apoyaron revocar la decisión a favor de los clientes y 13 se opusieron- no es alentador. Rectificar es de sabios, pero los modos que han rodeado a este episodio judicial remiten más bien a las turbulencias de estos tiempos líquidos. Los préstamos hipotecarios permiten el acceso de millones de ciudadanos a la vivienda en propiedad, pero ese avance se oscurece si se gestiona inadecuadamente.