El reciente informe ‘Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’ (Fundación BBVA, octubre de 2018) continúa advirtiendo sobre los costes de la corrupción en España, afirmando que «en el contexto de las economías avanzadas, España presenta un déficit institucional que se concentra en los aspectos de calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y, sobre todo, el control de la corrupción. El cálculo del efecto que tendría una mejora de la calidad institucional sobre el nivel de renta en España admite distintos escenarios y resultados. Ahora bien, todas las calibraciones realizadas dan lugar a un notable impacto potencial positivo».

Con este análisis una primera reflexión es que hay que superar cierta tendencia hacia el conformismo o la autocomplacencia en la materia (no en vano el CIS continúa señalando a la corrupción como segundo problema para la ciudadanía). La segunda, que hay que revisar los sistemas de control existentes, lo que pasa por una mejora regulatoria (la hiperinflación normativa nunca es la solución), una efectiva simplificación de las decisiones administrativas (la burocracia formal tiende a agravar los problemas de fondo) y una decidida utilización de los medios electrónicos, pues permitirán una gestión de información a tiempo real que puede ayudar a detectar las irregularidades.

En este contexto, en la Comunidad Valenciana se ha aprobado una reciente ley que incorpora con este fin el ‘Security Administrator Tool for Analyzing Network’ (denominado como ‘SATAN’). Se trata de un ‘software’ que cruzará bases de datos en manos de la Administración para generar alertas sospechosas y detectar «si existe vida corrupta administrativa». ‘Satan’ analiza en tiempo real millones de datos y permite alertar sobre posibles conflictos de intereses: si hay prórrogas irregulares o modificaciones de las especificaciones de contratos públicos después de adjudicarlos, si se han obtenido varias ofertas en la tramitación de un contrato o solo hay un único licitador, o el número de contratos menores sobre una misma prestación. Así, cuando detecta indicios de riesgos de corrupción (o de ineficiencia), categoriza las alarmas según lo importante o llamativas que puedan ser y envía una alerta que reciben los inspectores encargados de analizar y validar la información.

El tratamiento automatizado de datos mediante la tecnología es ya el presente (en Europa ya existen herramientas como ‘Arachne’, que vigila los posibles fraudes en la Unión Europea) y debe ser asumido por las Administraciones Públicas como un instrumento indispensable para avanzar en la cultura de una Administración transparente, convencida de la importancia de la mejora continua. Para ello es ineludible asumir en las organizaciones públicas nuevas metodologías organizativas basadas en el ‘ciclo PDCA’ (o círculo de Deming), que es la sistemática más usada para implantar un sistema de mejora continua y cuyo principal objetivo es la autoevaluación, destacando los puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en las que se deberá actuar. Este ciclo lo componen cuatro etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo: 1.- planificar, 2.- hacer, 3.- comprobar o verificar y 4.- actuar.

Junto a ello, conviene repensar la propia organización pública (muy atomizada en nuestro país) y decidir a quién corresponde esta función de vigilancia y prevención (por vocación parece lógico atribuirla a las autoridades de prevención de la corrupción, evitando duplicidades innecesarias).

Como reflexión final, y como se dice en el informe citado al principio, «la mejora de la calidad de la gobernanza debe constituir una pieza clave de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la economía española». Y para ello las Administraciones públicas deben liderar la revisión del sistema de control de las decisiones públicas para reducir los espacios de impunidad y favorecer una nueva cultura de la transparencia y el compromiso ético en todos los niveles, tanto administrativos como empresariales. El ejemplo de ‘Satan’, como herramienta contra la corrupción y la ineficiencia, debe servir para superar inercias o resistencias y poner en valor la tecnología (y los sistemas de inteligencia artificial y ‘machine learning’) en una gestión pública propia del siglo XXI.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza