Los independentistas y la oposición arremeten contra las acusaciones del "procés"

Los independentistas tildan de "revancha" y "salvajada" las acusaciones contra los líderes del "procés", mientras PP y Cs critican al Gobierno por "presionar" a la Abogacía del Estado para que no les acuse de rebelión, algo que niega el Ejecutivo, que pide que se deje trabajar a la Justicia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado que es "indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y no acusar por rebelión a los golpistas" y ha criticado por "complicidad" al Ejecutivo y por ser "rehén de los golpistas" al presidente, Pedro Sánchez.

Del mismo modo, el líder de Cs, Albert Rivera, cree que "el Gobierno hace de abogado defensor de los golpistas", lo que, según la portavoz nacional del partido naranja, Inés Arrimadas, "confirma las sospechas de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuarto de hora más en Moncloa".

Casado cree que Sánchez debe comparecer en el Congreso para explicar "su orden" a la Abogacía del Estado y espera que PSOE y Cs apoyen su propuesta de prohibir indultos a condenados por rebelión.

Rivera, por su parte, también ha llevado al Congreso una propuesta para evitar que se pueda indultar "a los que dieron un golpe contra la democracia", con la que quiere retratar al PSOE.

Entre los independentistas ha cundido la indignación.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, en una declaración conjunta han acusado a Pedro Sánchez de ser "cómplice de la represión" y han denunciado el "anhelo de venganza y no de justicia" de la Fiscalía.

Torra ha lamentado que el Gobierno pierda "una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto de Cataluña y devolverlo a la política", mientras desde la localidad belga de Waterloo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguraba: "El Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra el Govern y el Parlamento catalán y buena parte de la población".

Junts per Cataluña (JxCat) ha calificado de "salvajada" y "complot del Estado para silenciar voces y pensamientos" las acusaciones contra los líderes independentistas" y ERC ha lamentado que no se hayan producido "ni movimientos ni gestos" del Gobierno con los políticos procesados.

"Cuantos más años de prisión" se pidan, "mayor será la determinación" de Esquerra, ha dicho el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès.

A ellos se ha sumado el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, quien ha comparado el caso del "procés" con la sentencia de La Manada, pues se piden "25 años de cárcel por votar y nueve años por violar, son unos salvajes", ha afirmado en Twitter.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciado que dará respuesta con movilizaciones en la calle en Cataluña y en capitales europeas, y su expresidente Jordi Sánchez -uno de los procesados- ha pedido Twitter desde la cárcel "una respuesta digna y no violenta".

Otro de los encarcelados, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertido de que si creen que una pena de 17 años de cárcel les "harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales" es que no conocen a la sociedad catalana ni a Òmnium.

Esta plataforma ha acusado al Gobierno de "agravar el conflicto y romper toda opción de diálogo con Cataluña" y ha reclamado una "respuesta unitaria, transversal y mayoritaria" a las acusaciones de Fiscalía y Abogacía General del Estado

El exconseller de Exteriores Raül Romeva, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión por rebelión, ha denunciado una "represalia hacia una ideología" pero ha avisado de que no renunciaran "nunca" a sus argumentos y compromisos políticos.

Y el exconseller de Presidencia Jordi Turull, a quien la Fiscalía acusa también de rebelión, ha dejado claro que "ni desánimo, ni resignación, ni renuncia" ante un "relato ficticio para conseguir un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal".

Los comunes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ven desproporcionadas las acusaciones.

Iglesias ha criticado que se permite que José María Aznar, "máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal", disfrute de su libertad mientras algunos quieren que los independentistas "se pudran en la cárcel"; y Colau ha instado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado a reconsiderar sus peticiones.

Entre los descontentos también está el PNV, que en un comunicado concluye: "Ni sedición ni rebelión: política y diálogo".

Frente a todas estas críticas, la ministra de Justicia ha negado que cualquier imposición del Gobierno a la Abogacía General del Estado para que no incluya el delito de rebelión como sí ha hecho la Fiscalía, y ha asegurado que no hay ningún gesto a los independentistas, sino criterios jurídicos.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que no ha habido ningún cambio de criterio, que cuando el pasado mayo Pedro Sánchez dijo creer que existía rebelión no era presidente del Gobierno y ha pedido a los partidos "lealtad" y dejar trabajar a los tribunales.