La chapuza originaria

El origen del embrollo por el pago del impuesto de las escrituras hipotecarias no está en una práctica abusiva de los bancos, que en este caso no ha existido. Está en un reglamento mal elaborado en 1995 por el Ministerio de Hacienda de aquel entonces. Su artículo 68 dispone con meridiana claridad que el sujeto pasivo -el ‘pagano’- será el prestatario, es decir, el hipotecado. Y eso es lo que han estado aplicando, durante veintitrés años, no solo los bancos y sus clientes, sino también las Haciendas autonómicas, que son las que perciben el tributo. Ahora, magistrados del Supremo han considerado que ese artículo no es válido, porque vulnera la ley. Y los reglamentos, obra del Gobierno, son normas de rango inferior a las leyes, producidas por el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, y no pueden modificarlas ni contradecirlas. Así que, aunque estamos viendo cómo cae la cotización bursátil de las entidades financieras, donde puede haber a medio plazo un serio problema es en las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, que probablemente tendrán que devolver el dinero a los contribuyentes afectados. Una millonada que, naturalmente, pagaremos entre todos, porque Hacienda somos todos. Luego les tocará reclamar el importe a las entidades financieras, cuyos abogados, a buen seguro, encontrarán argumentos para resistirse a sufrir las consecuencias de un error cometido y sostenido por la Administración. Estos días, el Tribunal Supremo está manejando la cuestión de manera muy poco edificante. Pero la chapuza originaria se perpetró en el reglamento que firmó, hace veintitrés años, un ministro. Pedro Solbes se llamaba.