El presidente del Supremo reúne a los jueces de la sentencia sobre hipotecas

La sentencia, de aplicarse, permitiría a los hipotecados reclamar la totalidad de los gastos de formalización de una hipoteca que vienen impuestos por el banco.

El Tribunal Supremo decidirá si es la banca o el cliente quien debe hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.
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El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunirá este lunes con los magistrados que dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

Según confirmaron a EFE fuentes del Supremo, esta reunión es de carácter interno y servirá únicamente para analizar la situación creada después de la citada sentencia y de la nota posterior en la que se convocaba una reunión plenaria de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo para confirmar o no la jurisprudencia creada.

En esta reunión, añadieron las fuentes, estarán presentes también el vicepresidente del Alto Tribunal, Angel Juanes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo.

El pasado jueves 18, el Supremo decidió que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año, cuando una sentencia estimó que el pago debía recaer en el cliente.

Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, al día siguiente, el viernes, el alto tribunal anunció que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que estudiaría si confirmaba o no la decisión.

En una nota, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, explicaba que dicha decisión se basaba en el "giro radical" en la jurisprudencia y en la "enorme repercusión económica y social" del fallo que atribuía el pago de dicho impuesto a las entidades, por ser las interesadas en la operación.

De aplicarse, la sentencia permite a los hipotecados reclamar la totalidad de los gastos de formalización de una hipoteca que vienen impuestos por el banco en la escritura de préstamo: notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación e impuesto de actos jurídicos documentados.

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